Ciencias Administrativas. Teoría y Praxis

Num. 2 Año 12, Julio-Diciembre 2016, pp. 116-145

 

La Responsabilidad Social Empresarial: percepción patronal de las cuotas de seguridad social

Corporate Social Responsability. patronal perception of social security

Rafael Estrella*, Arturo Morales**, Yolanda Cortés***

 

Resumen

El presente proyecto de investigación analiza la responsabilidad  social  empresarial  a partir de la percepción de los empresarios adscritos a la Oficina para Cobros 2303 del IMSS, en San Juan del Río, Qro., tiene como objetivo conocer y explicar dicha percepción empresarial respecto al pago de COP al IMSS en esta localidad. La investigación se enfoca en el estudio de las organizaciones, de sus tomadores de decisiones —empresarios— y de los motivos que llevan al cumplimiento o incumplimiento de su responsabilidad social, intenta responder qué tipo de percepción  lleva al empresario a decidir el pagar o no esta obligación social, además de indagar cuáles son los factores que influyen para tal omisión originando con ello un costo social. Se trata de un análisis cualitativo Hernández, Fernández y Baptista (2010), corresponde a un estudio de caso, a través de entrevistas estructuradas con cada uno de los sujetos.  Un hallazgo significativo es que la mayoría de los empresarios entrevistados no discriminan entre impuestos y aportaciones de seguridad social, reconociendo a ambas como impuestos, ello denota falta de claridad en el concepto de responsabilidad social; consideran que con apegarse a lo estipulado en la ley en la materia evitan conflictos con la autoridad, y que en automático se adquiere la responsabilidad

social empresarial. Esta percepción negativa y demás factores subjetivos inclinan su decisión al incumplimiento de COP, creando un costo social muy grande en perjuicio del bien común.

Palabras clave: empresario, omisión, responsabilidad social empresarial, seguridad social.

Abstract

This research project analyzes corporate social responsibility from the perception of agents assigned to the Office Collections 2303 IMSS entrepreneurs in San Juan del Rio, Qro., It aims to understand and explain this business perception regarding the payment of COP IMSS in this location. The research focuses  on the study of organizations, their makers decisions —businessmen— and reasons leading to the compliance or noncompliance of its social responsibility, try to answer that kind of perception leads the  employer  to  decide to pay or not social obligation, in addition to inquire what are the factors that influence such omission thereby causing a social cost. This is a qualitative analysis Hernández, Fernández and Baptista (2010).  which  corresponds  to  a case study through structured interviews with each subject.  A  significant  finding  is that most employers interviewed do not discriminate between taxes and social security

 

* Candidato a Doctor en Administración, Profesor Investigador, Campus San Juan del Río, Universidad Autónoma de Querétaro,

E-mail: estrellavr_7@hotmail.com

** Doctor en Administración, Profesor investigador y Supervisor Académico en la Dirección General de la Incorporación y Revalidación

de Estudios. (DGIRE) de la Carrera de Contaduría y Administración que imparten las Universidades incorporadas a la UNAME, ArtuEro-_mmaoil:ralesc@hotmail.com

*** Doctora en Administración, Profesora Investigadora, Campus San Juan del Río, Universidad Autónoma de Querétaro,

E-mail: finanzasycobranzas@hotmail.com

 

Artículo recibido: 24 de febrero de 2016 Artículo aceptado: 26 de junio de 2016

 

contributions, recognizing both as taxes, it shows a lack of clarity in the concept of social responsibility; considered that adhering to the provisions of the law on the subject avoiding conflicts with authority, and corporate social responsibility is acquired automatically. This negative perception and other subjective factors bow their decision to breach of COP, creating a great social cost to the detriment of the society.

Keywords: businessman, omission, corporate social responsibility, social security.

Clasificación JEL: H32

Introducción

La era de la globalización ha introducido a   las sociedades contemporáneas actividades novedosas que deben ejercitarse con elevados índices de eficacia a través de métodos y técnicas igualmente originales,  que han convertido al siglo XXI en el tiempo de las economías cambiantes e innovadoras a las que, poco a poco, van adscribiéndose todas las naciones, México incluido. Derivado de ello, y de la circulación de políticas neoliberales globales, las organizaciones empresariales se han visto obligadas a considerar la responsabilidad social  y  la ética empresarial como factores claves de su desarrollo, generándose nuevos modelos de cultura organizacional  íntimamente  ligados  a las exigencias ecológicas, ambientales y socio-culturales de su entorno.

En este marco de sostenibilidad, la presente investigación analiza, por una parte, la percepción de los empresarios en cuanto   a las cuotas obrero-patronales (COP) que debe sufragar al Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) como elemento clave de la responsabilidad social empresarial (RSE) de la organización4; por otra parte, se tratan las causas de las que deriva el ejercicio de la RSE o la falta de éste y, en su caso, el coste social del impago de las COP —legalmente de obligado

cumplimiento— tanto sobre la empresa como sobre la sociedad derechohabiente.

Si se considera que el objetivo este estudio pretende conocer y explicar la percepción de los empresarios, respecto al pago de COP al IMSS, en San Juan del Río, Qro., al igual que una de las preguntas principales cuestiona

¿Qué tipo de percepción tiene el empresario que lo lleva a decidir pagar o no las COP     del IMSS? se confirma el hallazgo de una percepción patronal negativa, la que  deriva de diferentes rasgos subjetivos tales  como: un entorno cambiante y económicamente inestable, falta de certeza social y de seguridad y la exigencia férrea y coactiva de la autoridad entre otros, además de factores que son catalogados de diversas maneras en función del constructo mental y de percepción particular que cada empresario, lo que crea un referente decisorio por el cual cada individuo le confiere una categoría personal de validez, importancia o urgencia a partir de la valoración de sus propias prioridades.

En cuanto a otra de las preguntas principales respecto a ¿Qué factores influyen en la percepción del patrón para omitir su responsabilidad social empresarial en el pago de cuotas del IMSS, originando un costo social? se logró la identificación de factores, causas y justificaciones que válidas o no, motivan la decisión del empresario respecto  al pago/impago de las COP, en  relación  a los costos sociales que puede generar su cumplimiento/incumplimiento, fue posible aislar —tal y como se ha demostrado— dichos factores que conducen de manera subjetiva   a la toma de decisiones. Igualmente, pudo demostrarse que dichos factores no son fruto del conocimiento efectivo del empresario, ni del estricto cumplimiento legal ni, por supuesto, de algún tipo de estrategia corporativa de RSE. Al respecto, cabe señalar que las decisiones del empresario en relación a omitir/ postergar el pago de las  COP  se  sustenta en la volubilidad tanto de la ley como de los

 

4 De acuerdo a datos obtenidos del sitio web del Gobierno del Estado de Querétaro, en enero de 2013 , el IMSS contaba con 16, 227,081 trabajadores afiliados; de ellos, 411,335 se ubicaban en el Estado de Querétaro, representando el 53% del personal ocupado con derecho a servicios médicos (Gobierno del Estado de Querétaro, 2013).

 

funcionarios encargados de su cumplimiento, quienes permiten que el pago sea postergado siempre y cuando se cubra, posteriormente, con un pago mayor que incluye una sanción por cumplimiento extemporáneo, lo que aprovecha el empresario para cubrir otras necesidades de la empresa de carácter perentorio. Adicionalmente, es preciso anotar que la totalidad de los sujetos entrevistados carece de conciencia respecto al costo social derivado de la omisión o postergación de las cuotas al IMSS, únicamente reconocen que el desvío de dichos recursos para atender otras necesidades generará, en algún momento, una sanción.

En otros términos, el trabajo recoge, con la prolijidad debida: a) las diferentes percepciones de los empresarios con el propósito de establecer los contextos que los inducen a decidir un escenario de actuación empresarial específico; b) las diferentes manifestaciones de los dirigentes organizacionales con el fin de establecer una percepción grupal relativa al cumplimiento u omisión de las COP y, c)  las y causas y consecuencias de la omisión de los deberes de RSE a partir del impago de las COP. Lo anterior delimitado en la realidad local de San Juan  del  Río,  Querétaro,  con el propósito de extrapolar las conclusiones obtenidas a nivel estatal.

El incumplimiento de obligaciones en tiempo y forma trae como consecuencia la aparición de conflictos entre los actores involucrados — empresa/autoridad/sociedad—, convirtiéndose en un factor amenazante para aquellas organizaciones  apegadas  a  la  búsqueda del bien común y,  por tanto, interesadas en  el bienestar de la población, ligados ambos   al correcto funcionamiento de los  sistemas  de  seguridad  social  y  de  las  prestaciones

—asistencia    médico-quirúrgica,   medicinas,

seguros de guardería, de maternidad, de  vida, de retiro, de jubilación y de muerte— y derechos ganados —generación y soporte de empleo, salarios dignos, educación, seguridad pública— relacionados con ella, cuando se equilibran los intereses económicos de las organizaciones con las necesidades de la sociedad.

A lo expuesto puede añadirse la inexistencia de un modelo efectivo que privilegie la actuación  de  los  directivos  empresariales en pro del bien común, de modo que pueda concienciarse sobre el progresivo deterioro que sufren las instituciones de seguridad social debido a la carencia de recursos, lo que con el tiempo, impedirá agregar valor de servicio  a todos sus rubros. En este contexto, la omisión de aportes a la seguridad social deriva en problemáticas bien definidas: a) costos financieros y administrativos muy elevados para quienes lo practican o incurren en ella sin desearlo; b) costos sociales,  traducidos en baja recaudación de impuestos para la seguridad social, mala atención médico- quirúrgica por falta de personal, infraestructura y medicamentos, descenso o  desaparición  de las pensiones para los jubilados, rezagos educativos debido a  la  carencia  de  medios e inexistencia de un plan de previsión pensionaria para una seguridad confiable en todas sus modalidades.

Marco teórico Responsabilidad Social

Para el aspecto de Responsabilidad Social (RS) la literatura remite a un gran abanico de acciones relacionadas con ésta, derivadas de múltiples actores sociales con muy diversos grados de complejidad e innovación. La tabla 1 presenta diversas definiciones.

 

Tabla 1

Responsabilidad Social

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Varios autores.

La RS es una obligación o responsabilidad que sobrepasa la exigencia legal.

Iniciativas desarrolladas de manera voluntaria por las empresas, en las que se integran inquietudes tanto sociales como medioambientales para la gestión de sus operaciones y la interacción de sus allegados.

La responsabilidad social no es algo novedoso en el mundo empresarial, aunque en estos últimos años está adquiriendo una nueva dimensión por el especial interés que conlleva, demandando una gestión cuidada como en cualquier ámbito de valor estratégico, que supere lo anecdótico o lo filantrópico.

La RS refiere a la totalidad de las relaciones que las empresas establecen con sus grupos de interés y presenta cuatro niveles esenciales: a) responsabilidad con los trabajadores, la organización y la calidad de trabajo; b) responsabilidad que afecta la calidad, seguridad y utilidad social de productos y servicios; c) iimplicación de la comunidad con la empresa en el desarrollo social —compromisos, creación y mantenimiento de empleo y estricto respeto a la legislación— y, d) actitud responsable y honesta del empresario en la creación de condiciones sostenibles para toda la sociedad en su conjunto

La conciencia del comportamiento y la acción de mejora continua medida y consiente, que hace posible a la empresa ser más competitiva, cumpliendo con las expectativas de todos sus participantes en particular y de la sociedad en lo general, respetando la dignidad de la persona, las comunidades en que opera y su entorno”.

Sintetizan los puntos de convergencia que pueden extraerse a partir de una mirada analítica al conjunto de definiciones de RS: 1) la RS sobrepasa el concepto de obligación legal simple; 2) la RS impacta a la comunidad interna y externa y, 3) toda organización debe contar con capacidad suficiente para escuchar,  atender  y  responder  a  las inquietudes de la totalidad de los actores sociales con los que interactúa.

Las acciones en el rubro de RS obligan a los involucrados a aplicar estrategias que permitan conocer a las comunidades y transmitir procesos de conocimiento, reflexión y propuestas colectivas, a fin de conseguir transformaciones sociales viables, favoreciendo la igualdad, equidad y justicia social.

La RS es la responsabilidad que tiene cualquier organización ante los impactos negativos que sus decisiones actividades ocasionan en la sociedad y el medio ambiente.

 

A modo de conclusión, cabe anotarse el concepto de RS como de carácter polisémico y multivariado, en función del enfoque desde el que se defina y de la ubicación en que se enmarque 5. Adicionalmente, buen parte de la literatura concuerda en señalar que aquellos países con mayor índice de desarrollo, o considerados más cultos, otorgan mayor atención a cuestiones relacionadas con la RS

—medioambiente, salud, seguridad social…, etc. — que las naciones subdesarrolladas o en vías de desarrollo. Por último, es necesario enfatizar que el concepto de RS no debe de ser confundido con prácticas exclusivamente filantrópicas, éticas o ambientales; tampoco con actividades exclusivas de las organizaciones o de las empresas. Por el contrario, el concepto debe enfocarse siempre hacia la actitud y el conocimiento encaminados a mantener un equilibrio entre el desarrollo de la sociedad y el de un entorno sustentable, con viabilidad comercial y económicamente satisfactorio para todos.

La organización

Para  Reyes  (1996),  el  término organización

- del griego, organon - herramienta o instrumento - puede remitir ya sea una entidad o grupo social, ya sea a un proceso; Pariente (2001), añade  una  tercera  caracterización  al identificarlo con una etapa del proceso administrativo. Por su  parte,  Madrigal  (2005),  describe  a  las  organizaciones como

agrupaciones humanas, debidamente constituidas en función de varios fines —oferta servicios de calidad, satisfacción del cliente, capacidad de respuesta a los cambios del entorno, innovación, ejecución de estrategias, mentalidad global, etc.—, y cuyos límites y alcances a futuro deben de ser conocidos y comprendidos por sus dirigentes.

Sin embargo, para efectos  de  la  presente investigación, se considerará a las organizaciones de acuerdo a la definición de Daft (2004:313):

“Que tienen como objetivo:  reunir  los recursos para alcanzar las metas y resultados deseados, eficiencia, producir bienes y servicios con facilitar la innovación, utilizar fabricación moderna y tecnología basada en computadora, adaptarse e influir en un ambiente cambiante, crear valor para los propietarios, clientes y empleados y acomodar los desafíos constantes de diversidad, ética, patrones de desarrollo profesional y la motivación y coordinación de los empleados”.

Independientemente del giro o tamaño de las organizaciones y de su evolución a lo largo de la historia (v. figura 1), es en ellas donde se gestiona la percepción empresarial objeto de estudio en esta investigación, esto es, fungen como instrumento para el ejercicio, o no, de la RSE.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5  Ejemplo, mientras que en países como Chile, el concepto se vincula directamente con las relaciones laborales, y, de modo particular, con el trato digno y benéfico a los trabajadores, en otros como Argentina se relaciona con la generación de empleo que permite afrontar las sucesivas crisis económicas atravesadas por el país en los últimos años.

 

 

 

Fuente. Kotter (1997) y adaptada con autorización de The Free Press, división Simon & Schuster.

Figura 1: Fuerzas económicas y sociales que impulsaron cambios fundamentales en las organizaciones, en función de intereses económicos y no de la RS

 

La figura anterior muestra el modo en que las fuerzas socio-económicas  impactan  en  la evolución de las organizaciones, mismas que atraviesan etapas diversas de modo  cada vez más acelerado en un intento de adaptarse para  subsistir  y  mantenerse  en  el mercado. Cabe señalar que  la velocidad de adaptación a los cambios, la rapidez a la hora de tomar decisiones y la necesidad de correr riesgos son factores vitales para el sostenimiento y subsistencia de las empresas contemporáneas. Es, en este contexto, donde debe ubicarse la problemática relativa a la seguridad social —salarios, COP— pero, también, las oportunidades de utilidad — ganancia económica— que llevan a las empresas a desviar los recursos destinados a

rubros sociales hacia otros que puedan generar

mayor porcentaje de beneficios propios.

Desde estas perspectiva, y dentro del marco empresarial nacional, las organizaciones mexicanas  —independientemente  de  su giro y tamaño—, enfrentadas al constante incremento del alza de suministros y materias primas, así como a una plataforma fiscal  poco equilibrada debido a su tendencia a alzas impositivas que superan la capacidad económica de la población, se debaten a la hora de cubrir las COP en tiempo y forma. Ello ha generado problemas, de acuerdo a Arenas (2006), una crisis cuya gravedad aumenta día con día, lo que obliga a realizar un llamado de atención sobre los porcentajes de trabajadores cubiertos por el seguro social en México, con

 

el propósito de reflexionar en torno a lo que supondría eliminar la afiliación al  IMSS  de los trabajadores —integrantes de las clases sociales más desprotegidas y vulnerables del país— debido al impago de las COP. Cabe señalar, siempre según Arenas (2006), que el citado impago perjudicaría directamente los derechos de los trabajadores, incapaces de reunir debido a ello, el mínimo de semanas  de cotización requeridas para poder acceder a las prestaciones de ley, lo que les impediría obtener siquiera seguridad social básica.

Este planteamiento denota un grave problema, al cuestionar al empresario y sus causas válidas o no, que lo llevan omitir su pago, en el supuesto de que sus acciones se rijan por lógicas del lucro con el único objetivo de ganar más, sin antes provisionar la seguridad social que por obligación adquirió. Esta falta nos lleva a pensar y discutir el problema, cómo empresas y sus líderes dejan de pagar sus COP que en el mayor de los casos ni siquiera son de su propiedad, si no del trabajador, es ahí donde se motoriza el problema llamado costo social, el cual encuentra en la omisión su nacer y su importancia, dejando al descubierto la gravedad que aumentan con la conflictividad entre los actores involucrados (empresa- autoridad-trabajadores), sin poder aislarse el bien común de toda la sociedad.

Cuando los empresarios basan sus negocios sólo en la generación de riqueza sin una percepción correcta, en escenarios de crecimiento y mayores consumos a costa de lo que sea, es posible observar la concentración de riqueza,  generada  primordialmente  por  la  dinámica  de  la  globalización.  También  no se puede dejar de observar el  costo  social que esto genera, además de los crecientes índices de desempleo, aumento de enfermedades, epidemias, aumento de estrés en los trabajadores, depresión  y  deterioro  de la forma de vida de los seres humanos y del propio planeta, del maltrato y la falta de  un sistema  social  de  pensiones  suficientes y dignas para las personas en edad de jubilación, extraviándose cada día más de los principales objetivos de la humanidad que se

deben traducir en el bienestar de la población, conceptos que engloban un eje prioritario de cualquier país.

Este  concepto  de  seguridad   social  está integrado por una amplia gama de modalidades y servicios como son: asistencia social, asistencia médica, medicinas, atención quirúrgica, seguro de guarderías, seguros de maternidad, de vida, de retiro, de jubilación, de pensión, seguro de muerte; e inclusive aspectos como aumento, generación y soporte de empleos, salarios dignos, educación, seguridad pública, etc., que a su vez son parte de la RSE, mismos que han sido reconocidos legítimamente como derechos humanos, para luego hacer notoria la necesidad de balancear el interés económico de cada empresario con el interés de la propia sociedad, ya que sin ello no puede existir tranquilidad social duradera en la población.

Cuando de omite el pago de COP, deriva en problemáticas bien definidas. En primer lugar, se prevé un costo financiero y administrativo muy elevado para quienes lo practican o incurren en él sin desearlo y, en segundo lugar,  se manifiesta en un alto costo social  en muchos aspectos sociales,  por  ejemplo: la baja recaudación de impuestos que han posicionado a México como uno de los países con la menor aportación impositiva en el mundo, una mala atención en centros de salud por falta de personal y medicamentos, falta  de seguridad futura en el pago de pensiones para los jubilados o su desaparición, carencia de camas hospitalarias y servicios quirúrgicos, falta de mejor educación y medios para ello, así como la falta de un plan de previsión para la sociedad en todas sus modalidades.

El empresario y la función empresarial

Cázares (2002), apunta que el  hecho  de  que el concepto de empresario no encuentre consenso en la literatura hace que pueda resultar paradójico, dado que cualquier individuo con una idea más o menos intuitivo del significado de los negocios podría denominarse empresario. Sin embargo, la ciencia económica, requiere de una definición

 

rigurosa y precisa, con una interpretación unívoca cuando sea empleada en  estudios de investigación. De ahí lo paradójico del concepto, dado que en numerosos escritos del ámbito económico se utiliza el término empresario con el mismo grado de precisión con el que podría utilizarlo cualquier individuo en cualquier otro contexto. El mismo autor, indica que tal imprecisión se debe a que la multitud de caracterizaciones y funciones que, a lo largo de la historia económica se han atribuido al término, de acuerdo al tipo de pensamiento del autor que lo tratara. Al respecto, Herbert   y Link (1989), llegan a distinguir hasta doce

generalizaciones del concepto de empresario, cuyas decisiones pueden ser de dos tipos:

a) decisiones objetivas o de conocimiento especializado y, b) decisiones subjetivas o de percepción, sensaciones y sentimientos (figura 2).

Ante esta situación tan reveladora de una falta de respuesta de  la  ciencia  económica al fenómeno empresarial, no resulta extraño que hayan comenzado a aparecer nuevos intentos de delimitar el concepto desde otras disciplinas.

 

Tipos de decisión

Generalizaciones del concepto de empresario

 

Fuente. Herbert & Link (1989)

Figura 2: Tipos de decisión y generalizaciones del concepto de empresario

 

En busca de una definición sincrética, Pallares, Romero y Herrera (2005), describen al empresario como:

 

 

“Una persona, entidad o grupo de personas  que  independientemente o asociadas, por voluntad propia y motivaciones individuales (dichas motivaciones pueden ir desde la satisfacción de hacer las cosas por  sí mismas, hasta alcanzar cierto tipo de poder o distinción social), decide asumir un riesgo en la realización de una actividad económica determinada y en la cual aspiran a tener éxito”.

 

 

Todo lo expuesto induce a reflexionar sobre

la difícil relación existente entre el empresario

- y sus decisiones - y la autoridad - Oficina para cobros 2303 del IMSS, en el caso aquí tratado -, en el marco de una realidad que debe reconocer al IMSS como una organización cuya rápida evolución la indujo a acelerar la eficacia de  su recaudación, mientras que los empresarios continúan considerándola una entidad pasiva, lenta incluso, incapaz de instaurar cobros efectivos en su contra. Se trata, en el fondo, de una percepción empresarial excesivamente tradicionalista, fundamentada en ideas falsas y preconcebidas que aún se sustentan debido tanto al desconocimiento del proceso en sí mismo como de las consecuencias derivadas de una globalización. Los empresarios deberían comenzar a tomar en cuenta que, desde hace más de  una  década,  el  IMSS se ha adaptado y asumido los cambios derivados de la globalización, acelerando sus procedimientos recaudatorios con el propósito de agilizar la recuperación de impuestos sociales que garanticen la seguridad para los derechohabientes. Ello significa que sólo a través de una visión empresarial moderna y responsable podrán evitarse - a trabajadores y empresarios- los conflictos derivados del impago y, por ende, el costo social generado por el incumplimiento de las COP.

El papel de la percepción del empresario para la toma de decisiones

Littlechild (1978), en la toma de decisiones empresariales de un hombre de negocios, interesado en elevar  al  máximo  su  ingreso y otro interesado en obtener el máximo del beneficio social, ambos se debatirán ante problemas casi idénticos aunque utilizarán criterios diferentes en la toma de decisiones. Es imposible diferenciar los conceptos subjetivos y objetivos de cada uno de ellos, puesto que cada uno percibe el mundo a su propia manera, lo que afecta a su toma de decisiones. En esta línea, Robbins (2009) define el concepto de percepción - del latín perceptio  -  como  el  proceso  por  el  que  los individuos organizan e interpretan las impresiones sensoriales con el fin de darle un sentido al entorno, dado que describe tanto   a la acción como a la consecuencia del acto de percibir - capacidad para recibir mediante los  sentidos,  las   imágenes,   impresiones   o sensaciones externas, o comprender o conocer algo- lo que permite construir una idea a partir de dichas sensaciones. El concepto se amplía en términos bio-psicológicos con la definición de Morris (2001), quien señala que la percepción consiste en la descripción de patrones significativos en medio de una masa desordenada de información sensorial. En último término, es el cerebro el que interpreta el complejo flujo de la información procedente de los sentidos. Es decir, el conocimiento del mundo exterior se adquiere a través de un proceso de decodificación de los mensajes recibidos por el organismo, dado que tanto la percepción como la memoria y el aprendizaje son procesos psicológicos básicos.

A lo expuesto, Manucci (2004), añade la importancia de los sentidos como vía de acceso a la percepción y señala, a modo de ejemplo, como el sentido de la vista ofrece elementos para una interpretación tanto del entorno como de la realidad que se observa; sin embargo, continúa el autor, cuando los sentidos no pueden encontrar un orden en un entorno complejo  se  dificulta   prever   movimientos  y acciones. Para Manucci, acceder a esta

 

complejidad a través de la creación de modelos y estructuras de medición es la metodología utilizada que el hombre para interpretar, comprender y prever los movimientos del entorno y, con ello, desafiar la realidad y cuestionar el territorio de la credibilidad  de los modelos mentales. Ello, le permite afirmar que sólo mediante la percepción, se puede interpretar la información y establecer la idea de un objeto único, lo que puede traducirse  en la posibilidad de experimentar variadas cualidades de un mismo objeto, fusionándolas a través de la percepción para comprender que se trata de un objeto único.

Lo anterior, extrapolado al universo organizacional, lleva a la teoría de Ryle (en Geertz, 1992), sobre la  descripción  densa, en la que afirma que las organizaciones empresariales no están definidas solamente por actividades, técnicas y procedimientos, sino también también por cierto tipo de esfuerzo intelectual proveniente de sus dirigentes  y  del que emanan las percepciones mismas. A continuación, Ryle, se refiere al concepto de interpretación, afirmando los hechos, datos o descripciones que se destacan en cualquier trabajo y que, habitualmente, se denominan datos  son,  en  realidad,   interpretaciones   de las interpretaciones de otras personas; interpretaciones sobre lo que dichos individuos piensan y sienten. Derivado de ello, es posible cuestionarse las causas de determinados comportamientos en los individuos, lo que inexorablemente lleva hacia el  análisis  de  las teorías motivacionales, aquellas capaces de  explicar  las  causas  y   la   percepción  de los hechos dados para desencadenar determinados comportamientos, y en los que la cultura particular del individuo desempeña un papel determinante para la percepción de los hechos.

Desde esta perspectiva, la percepción empresarial, mantiene fuertes lazos con

el constructo denominado cultura, que Hofstede (1980), considera como el conjunto de programas mentales que controlan las respuestas de un individuo en un contexto dado; señala, además, que es un conjunto unido de formas de pensar, de percibir, de sentir y de actuar más o menos formalizadas, aprendidas y compartidas por una pluralidad de personas a las que, de manera objetiva y simbólica, reúnen una colectividad particular  y distintiva. House, et. al(2004), sintetizan lo anterior al describir a la cultura como el sistema de creencias,  ideologías,  lenguaje,  historia  y herencia étnica compartidos. Centrándose en el universo empresarial, Deal y Kennedy (1982), redefinen el concepto de cultura como el conjunto de creencias, de símbolos, de lemas, de héroes y de ritos en la empresa.

En síntesis, la cultura es un conjunto de valores, creencias, motivos y significados compartidos por los integrantes de un grupo, transmitidos  de  generación  en  generación  a través las formas de pensar y actuar de cada individuo que lo rodea o lo antecede; este proceder se adquiere en un determinado entorno social, incluyendo conocimientos, habilidades, destrezas, actitudes, valores y defectos. Por otro lado, también la educación se encuentra íntimamente ligada con la cultura que cada individuo adquiere en  el  trayecto de su vida, porque éste aprende lo que se le enseña y lo que encuentra en su entorno.

La responsabilidad social y la práctica empresarial

Navarro (2012), apunta la falta de difusión de la RS entre las corporaciones económicas durante los últimos años se debe, entre otros factores, a la crisis económica, aun cuando   la RSE no sea en modo alguno una moda pasajera, tal como también lo indican Garriga & Melé (2004) en su prolijo análisis sobre los diferentes grupos de teorías existentes en materia de RSE (tabla 2).

 

Tabla 2

Grupos de teorías en materia de RSE

 

1. Teorías instrumentales

Mantienen la visión tradicional de la empresa como instrumento para la creación de riqueza, por lo que buscan encontrar justificaciones económicas a las acciones de RS. En consecuencia, plantean conceptos tales como:

a) inversión social para actividades filantrópicas que pueden crear valor social en el sentido  de un mejor posicionamiento competitivo; b) marketing con causa, o desarrollo de la base de la pirámide como una estrategia para llegar a clientes no tradicionales, con una producción de bajo costo adaptada a las necesidades de una población masiva y de pocos recursos.

3. Teorías políticas

Refieren al poder de las empresas en la sociedad y al ejercicio responsable de dicho poder en el escenario político. Se conoce popularmente como licencia social para operar, por la cual una empresa constituida formalmente requiere una licencia jurídica para operar. La idea es que una empresa no podría operar aun cuando estuviera en regla frente a la ley, si la sociedad en su conjunto se opusiera a su funcionamiento por desobediencia o incumplimiento de la RS, por lo que la RS se convierte en un costo necesario para que la empresa pueda continuar sus operaciones.

 

Fuente. Garriga & Melé (2004).

2. Teorías integradoras

Destaca, por su difusión, la teoría de los stakeholders—grupos de interés—, que enfatiza el acercamiento entre la dirección corporativa y los grupos de interés que se ven afectados por las políticas corporativas de la empresa, con el fin de mejorar la relación con ellos. Se trata de un enfoque muy relacionado con el de las teorías políticas.

 

 

 

 

 

4. Teorías éticas

Son principios que expresan un marco moral acerca del deber ser y el hacer, referidos a  las actividades en las que la empresa se han comprometido a multiplicar sus resultados. Resalta la idea de que la empresa no debe obtener resultados económicos a costa de impactos sociales o medioambientales.

 

La aplicación prácticas de cualquiera de las recogidas en la tabla 2, además de contribuir al incremento de la competitividad, presentan una perspectiva en la que los criterios del bien común y RS son un mejor escenario que el derivado de criterios mercantilistas —conseguir ganancias a cualquier precio— para beneficiar tanto a la sociedad como a la empresa y a sus accionistas. Davis, (2005), amplía la idea cuando señala que las empresas enfocadas en prácticas tradicionales —dedicadas exclusivamente al desarrollo del negocio— se vuelven vulnerables a los desafíos sociales

que pueden surgir en su entorno mientras que, cuando prestan atención al modo en el que pueden influir en el mismo, su actuación impactará benéficamente en el mejor desarrollo de la empresa.

La responsabilidad social empresarial en México

En cifras de la OCDE (2013), el 30% de los

109 millones de habitantes  que  componen  la población de México, vive en condiciones de pobreza  extrema;  el  60%  pertenece  a  la clase baja y, sólo el 10% de la población

 

controla el dinero del país. Un país que, por otra parte, aparece en la parte inferior de los índices de educación y salud, con altos niveles de corrupción, impunidad, baja credibilidad gubernamental, enormes desigualdades sociales y carencia de infraestructura legal en materia de RSE. Respecto a este último punto, el CEMEFI (2006) señala como socialmente responsable a aquella empresa que, además de ofrecer productos y servicios de calidad, genera utilidades y empleos; paga impuestos; desafía su creatividad para identificar los problemas que aquejan a su comunidad y propone alternativas para su solución.

La RSE es, en México, una problemática relativamente novedosa que si bien inició en el último cuarto del siglo XX como actividad filantrópica, fue hasta la década de los noventa que comenzó a derivar en nuevas líneas de actuación al considerar que la filantropía no bastaba para para promover avances sociales (Rodríguez, 2005). Aun cuando el desarrollo de la RSE fue lento y con enormes rezagos respecto a lo sucedido en otras naciones (Pérez, 2001), sus antecedentes se remontan a la época prehispánica (Verduzco, 2003), concretamente al concepto  de  calpulli  6  en la cultura azteca;  posteriormente,  durante  los años de la  colonia,  la  iglesia  católica  fue un elemento decisivo a la hora de velar por la protección de indígenas, pobres y desamparados, mediante la construcción de escuelas, hospitales, hospicios y casas de cuna, entre otros establecimiento de ayuda social. Actividad filantrópica que  comenzaría a disminuir con la proclamación de la Independencia, en 1810, para pasar a manos de instituciones dirigidas por católicos hasta  el Porfiriato (1876-1910), periodo en que la creación de la Junta de Asistencia Privada, impulsó de modo notable la asistencia social. Actividad que se liga a las empresas por vez primera en la ciudad de Monterrey, a partir de

los últimos años del siglo XIX, con la fundación de grandes empresas, sostén de la economía nacional, con fuertes lazos de vinculación entre las familias fundadoras, mismas que se distinguieron por sus preocupaciones sociales en materia de vivienda de sus trabajadores, asistencia médica con clínicas propias, fundación de escuelas entre otras (Capriotti, 2005), fruto de las convicciones religiosas de sus propietarios (Sanborn, 2004).

Ya en 1929, también en  Monterrey,  surge la Confederación Patronal de la República Mexicana (COPARMEX) y, en 1957, la Unión de Empresarios Católicos;  seis años más tarde, en 1963, la Fundación Mexicana para el Desarrollo Social (FMDS), creada por empresarios católicos en  busca de soluciones a los problemas del campo mediante estrategias de promoción social ajenas al paternalismo y a asistencia social; de la misma época data el Consejo Coordinador Empresarial (CCE), organismo que agrupó diversas cámara de comercio e industria con el propósito de proporcionar directrices de responsabilidad social a las empresas (Agüero, 2002). Posteriormente, en  1988,  aparecen  la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) y el Centro Mexicano para la Filantropía (CEMEFI),  éste  último  fruto  de la iniciativa privada y, probablemente la institución mexicana que mayor impulso otorga a la cultura de la filantropía y la RSE en el país.

Desde una perspectiva más actual, Ramírez (2005), apunta que a más de treinta años de la Conferencia Mundial sobre el Medio Ambiente (Estocolmo, 1972) apenas comienza a  sentirse  la  preocupación  internacional  por las manifestaciones ambientales cuyas repercusiones ocupan el centro de los debates globales que exigen la incorporación de medidas preventivas y correctivas sobre los  impactos  ambientales  de  las  prácticas

 

6 Calpulli era una unidad social compleja, propia de la sociedad mexica, y en general con los grupos nahuas. Estaba compuesto por varios linajes que se consideraban emparentados entre sí por el hecho de poseer un antepasado común, el cual generalmente era un dios tribal. Sus integrantes se encargaban de funciones muy di- versas. En ocasiones, varios calpulli se hallaban unidos en barrios y solían estar especializados en alguna acti- vidad artesanal o profesional. Cada uno de ellos contaba con un protector encargado de velar por el bien común.

 

productivas de las empresas, además del establecimiento de criterios normativos novedosos para la actividad industrial y la implementación de políticas públicas de seguridad nacional que, de modo particular, en el ámbito nacional, se enfocan hacia las regulaciones ambientales exigidas por la presión pública internacional. Así mismo, el citado autor, indica que la conciencia ambiental ligada a la RSE inicia en el país en 1972 desde una perspectiva básicamente sanitaria, y así continúa hasta 1992 con la implementación del Programa Nacional de Auditorías Ambientales que, en los últimos años, se ha enfocado en la necesidad de sustituir los los mecanismos de control ambiental a mecanismos de preservación, conservación y restauración ecológica basados en una estrategia de responsabilidad social corporativa para lograr una sostenibilidad ambiental.

Ramírez (2005) admite que hasta muy pocos años la RSE no se asumía en México, dado que las organizaciones centraban exclusivamente su desarrollo en la generación de utilidades, concepción que, en el contexto globalizador del siglo XXI,  no  es  suficiente ni aceptable, lo que obliga a las empresas a considerar el impacto de sus actividades en  la calidad de vida de sus empleados y de las comunidades en las que operan. Consecuencia de ello, es el consenso de los principales organismos empresariales y de RS respecto  a asumir el concepto de RSE como una temática que, más allá de la implementación de acciones socio-ambientales implica el establecimiento de relaciones dialógicas con la totalidad de los grupos de interés relacionados con ellas, todo ellos sobre un marco ideológico común que facilite su difusión y comprensión a todos los rincones empresariales del país. Así, desde esta óptica, define la RSE como:

Una visión de negocios que integra  el respeto por las personas, los valores éticos, la comunidad y el

medioambiente con la gestión misma de la empresa, independientemente de los productos o servicios que ésta ofrece, del sector al que pertenece, de su tamaño o nacionalidad. (Cajiga 2008)

En la misma línea, la Alianza por la Responsabilidad Social Empresarial en México describe el concepto de RSE como:

El compromiso consciente y con- gruente de cumplir integralmente con la finalidad de la empresa, tanto en lo interno como en lo externo, conside- rando las expectativas económicas, sociales y ambientales de todos sus participantes, demostrando  respe-  to por la gente,  los  valores  éticos, la comunidad y el medio ambiente, contribuyendo así a la construcción del bien común. (AliaRSE, 2003, en Cajiga, 2008) 7

Pese a lo anterior, es necesario señalar que ninguna de las definiciones expuestas indica el modo en que una organización puede implementarla satisfactoriamente a menos que la empresa y sus dirigentes incorporen   el concepto de RSE a todos sus procesos de gestión —internos y externos— integrándolos en sus estrategias de negocio y en sus procesos de planeación estratégica desde el mismo inicio de la compañía.

Concepto de Seguridad Social

El concepto de seguridad social (SS) remite principalmente a un campo de bienestar relacionado con la protección de las personas, de la propia sociedad y de la cobertura de atención de las necesidades socialmente reconocidas, que han sido  ganadas  como  un derecho irrenunciable —salud, pobreza, vejez, discapacidades, vivienda, desempleo y familias en situación de riesgo, entre otras—. Desde esta perspectiva, la Organización

 

7       La Alianza por la Responsabilidad Social Empresarial en México (AliaRSE), agrupa a 19 organizaciones con importantes antecedentes de trabajo en la promoción del tema en nuestro país; ha establecido convenios para replicar su Programa de Responsabilidad Social de forma local, son los casos de UniRSE Jalisco, la Fundación Sinaloa Eco-Región y la Fundación del Empresariado Sonorense (FESAC). Cemefi es promotor y miembro fundador de AliaRSE, junto con otros cinco organismos.

 

de las Naciones  Unidas  (ONU)  concibe  a  la SS como un derecho social irrenunciable   e imprescriptible del  asegurado,  de  su  grupo familiar y dependientes económicos, defendiéndola como una obligación natural de sus estados miembros, tal y como se estipula en el artículo 25 de la Declaración de los Derechos Humanos (ONU, 1984), que a la letra dice:

“Todos tenemos derecho a un nivel de vida adecuado, que asegure a nuestros y a nuestras familia, la salud, el bienestar  y  en  especial,  la alimentación, el vestido, la asistencia médica y los servicios sociales necesarios. Tenemos así mismo, derecho a seguro en caso de desempleo, enfermedad, invalidez, viudez, vejez u otros casos de pérdida de nuestros medios de subsistencia por circunstancias ajenas a nuestra voluntad. Tanto la madre que va a tener un hijo, como un hijo, deben recibir cuidado y asistencia. Todos los niños tienen los mismos derechos, esté o no casada la madre”.

La SS se conceptualiza por vez primera en 1942, en el denominado Informe Beveridge y desde entonces, han evolucionado hacia enfoques diversos que vuelven terriblemente complejo el establecimiento de una definición unívoca y consensuada, ya que la SS varía conforme a las reglamentaciones de cada nación o a los conceptos de las organizaciones internacionales interesadas en ella. Así, la OIT (1991), argumenta que la SS remite a las medidas que se implementan en pro de los miembros más pobres, vulnerables o excluidos de la sociedad, y debe abarcar todas las áreas posibles para su resguardo y protección, abarcando prestaciones en efectivo o en especie destinadas a garantizar cobertura en casos como: falta o insuficiencia de ingresos laborales debido a enfermedad, discapacidad, maternidad, accidentes de trabajo, desempleo, vejez o muerte de un miembro de la familia; falta de acceso a los precios excesivos a la

asistencia médica, apoyo familiar insuficiente

—en particular los dependientes a cargo— , pobreza generalizada y exclusión social.

Por su parte, Olea (1983), señala que la SS es un instrumento jurídico y económico que establece el Estado para abolir la necesidad, que incluye el derecho ciudadano de un ingreso para vivir y para la salud, enfatizando el modo en que la propia naturaleza del ser humano lucha por su supervivencia, protegiéndose a sí mismo y a sus dependiente una vez que dicha protección ha sido reconocida  como  un derecho legal obligado en las agendas de todas las naciones desarrolladas, entre las que debe incluirse México.

El primer referente a la implementación práctica de la SS  se  remonta  a  1883,  con la promulgación en Alemania de la Ley del Seguro de Enfermedad, aunque el término no se populariza hasta 1935 cuando apareció en la Social Security Actde los Estados Unidos. Ya en 1942, Sir William Beveridge en el Social  Insurance  and  Allied  Services Report

—popularmente conocido como Informe Beveridge— incluye las prestaciones de salud. En México, los antecedentes de la SS aparecen plasmados en la Constitución de 1917 (UNAM, 2015), si bien tales derechos no fueron procurados formalmente por el estado hasta varios años más tarde. Importante dentro de la región es el Convenio Multilateral Iberoamericano de Seguridad Social (OISS, 2014), para empresas multinacionales, primer instrumento internacional de protección de  los derechos  de  trabajadores  migrantes  y de sus familias —prestaciones económicas, pensiones, garantía de la seguridad económica en la vejez, incapacidad o muerte—bajo los esquemas de SS de los diferentes estados iberoamericanos, mismo que entró en vigor   el 1 de mayo de 2011 tras la ratificación de Bolivia, Brasil, Chile, Ecuador, El Salvador, España, Portugal y, posteriormente, Paraguay.

Quintero (2014) señala que, en España, los sistemas de protección social llegan rezagados debido al retraso de los procesos de industrialización, por lo que no fue hasta

 

1869 que se otorgó el derecho de asociación siempre y cuando no tuviera carácter profesional o sindical. Sin embargo, el punto de partida de las políticas de protección  social se sitúa en la implementación de la Comisión de Reformas Sociales (UGT, 2015) explican que para 1883, se encargada del estudio de cuestiones  relativas  a  la  mejora y bienestar de la clase obrera. Ya en 1900 nace el primer seguro social y se promulga   el Seguro de Accidentes de Trabajo; en 1908 aparece el Instituto Nacional de Previsión (UNAM, 2015), en el que se irán integrando las cajas que gestionan los seguros sociales que irán apareciendo. En años posteriores según Elu, (2006), comenzaron a funcionar el Retiro Obrero (1919); el Seguro Obligatorio de Maternidad (1923); el Seguro de Paro Forzoso (1931); el Seguro de Enfermedad (1943) y, el Seguro Obligatorio de Vejez e Invalidez (1947). Sin embargo, la protección dispensada por estos seguros pronto se mostró insuficiente, de modo que comenzaron a aparecer mutualidades organizadas por sectores laborales, cuyas prestaciones tenían como finalidad completar la protección preexistente, aun cuando la enorme multiplicidad de las mismas condujo a discriminaciones entre la población trabajadora, fomentó desequilibrios financieros e incrementó enormemente la posibilidad de una gestión racional y eficaz.

El Boletín Oficial del Estado (BOE, 1963), que expidió la ley 193/1963 acerca de las Bases de la Seguridad Social, intentó la implantación de un modelo unitario e integrado de protección social, con una base financiera del Estado. La Ley General de la Seguridad Social (BOE, 1966), mantenía aun antiguos sistemas de cotización alejados de los salarios reales de trabajadores así como ausencia de revalorizaciones periódicas que intentó corregir la Ley de Financiación y Perfeccionamiento de la Acción Protectora de (1972) provocando un efecto contrario al esperado al incrementar la protección sin los recursos para su cobertura financiera. En la década de los ochenta se llevaron a cabo medidas para mejorar y perfeccionar la acción protectora al extender

las prestaciones de la SS y, a lo largo de los años noventa, numerosos cambios sociales impactaron en  rubros  laborales  —evolución y movilidad e incorporación de la mujer en     el mercado de trabajo, entre otros— que obligaron a adaptar la protección social a las nuevas necesidades surgidas. Posteriormente, el Pacto de Toledo (1995), produjo importantes cambios y el diseño e implementación de una hoja de ruta que garantizara la la estabilidad financiera y las prestaciones futuras de la SS española.

La crisis económico-financiera iniciada globalmente en el año 2008, obligó al establecimiento de reformas estructurales en la SS que, de acuerdo a Quintero (2014), aún continúan - prolongación de la la edad activa del trabajador, retraso de dos años en la edad de jubilación, modificación de la jubilación anticipada e incremento del número de bases de cotización consideradas en el cálculo de la pensión, de 15 a 25 años, - entre otras -.

La Seguridad Social en México

Aunque en México, entre 1904 y 1915, Venustiano Carranza y los gobernadores de los Estados de México, Nuevo León, Jalisco, Veracruz, Yucatán, Hidalgo y Chihuahua, crean leyes de trabajo en sus respectivos estados, Trueba (1977) señala como primer antecedente de la SS en México el artículo 123, fracción XXIX, de la Constitución Política de 1917, mismo que establece la obligación de asistir socialmente a la población más desprotegida cuando estipula:

“Se considera de utilidad social el establecimiento de cajas de seguros populares de invalidez, de vida, de cesación involuntaria del trabajo y  de otras  con  fines  análogos  para  lo cual el gobierno federal, como el de cada estado,  deberán  fomentar la organización de instituciones de esta índole, para difundir e inculcar la previsión popular”.

Y, de acuerdo al cual fueron apareciendo institutos especializados para atención de los

 

diferentes tipos de empresa. Cabe señalar que SS se desarrolla de modo paralelo a la legislación laboral en materia de justicia social para los trabajadores, de modo que tanto el propósito de la Ley Federal del Trabajo ( 2015) como de la Ley del Seguro Social (2009), es la protección del trabajador y de su familia. Así, entre 1918 y 1934, se da continuidad a  la elaboración de los códigos de trabajo en   el resto de los estados y a diversas reformas constitucionales en materia de rubros sociales.

En 1935, Lázaro Cárdenas envía a la legislatura un Proyecto de Ley del Seguro Social, sin embargo es detenido. El entonces Secretario de Gobernación, Lic. Ignacio García Téllez, referido a la creación de un instituto  de seguros sociales, de aportación tripartita, que incluía al Estado, a los trabajadores asegurados y a sus patrones. En 1943, fue aprobada por el Congreso y, posteriormente, publicada en el Diario Oficial de la Federación la Ley del Seguro Social.

El desarrollo económico del país a lo largo de las décadas siguientes logra consolidar el funcionamiento del Seguro Social que, para 1970, era considerada una de las instituciones más eficaces de la nación en cuestiones de justicia social. Un año después, en 1971, entra en vigor la Nueva Ley del Seguro Social, que incrementa la responsabilidad del Estado a la hora de brindar de brindar mayor seguridad a un mayor número de mexicanos además de garantizar las pensiones a futuro. Nacen, de esta manera, las siguientes instituciones de seguridad social: Instituto

Mexicano del Seguro Social (IMSS); Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE); Instituto de Seguridad Social para las Fuerzas Armadas Mexicanas (ISSSTEISSFAM); Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores(INFONAVIT); Fondo para la Vivienda del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (FOVISSSTE); Instituto del Fondo Nacional para el Consumo de los Trabajadores (FONACOT) (tabla 2.1)

Es importante precisar que, a pesar de los avances en la materia del bienestar laboral    y social, aún persisten en el país aspectos negativos en distintos renglones sociales, entre los que sobresale la mala administración de los recursos aplicados para el sustento de las organizaciones de SS, con la consecuencia de enormes agujeros de descapitalización económica que ha llevado al Instituto Mexicano del Seguro Social a trabajar con pérdidas, situación que de no modificarse a  través  dela implementación de políticas públicas coherentes, puede abocarlo a una profunda crisis. Al respecto, Ortiz (2008), señala que las deficiencias económicas del IMSS se aúna un sistema administrativo ineficaz de pensiones, una mala planeación presupuestaria del organismo y de las finanzas nacionales y un alza en el porcentaje de mexicanos que han dejado de cotizar debido a la reducción de fuentes de empleo, lo que genera escenarios futuros complejos para la SS.

 

Tabla 3

Antecedentes de la seguridad social en México

 

Año	Referencia	Descripción
1883	O. von Bismarck	Institución del primer régimen de seguridad social.
1904	J.V. Villada	Ley de Accidentes de Trabajo del Estado de México
1906	B. Reyes	Ley de Accidentes de Trabajo del Estado de Nuevo León
1912	V. Carranza	Ley de Accidentes de Trabajo del Estado de Coahuila
1913	S.R. Mercado	Ley de Accidentes de Trabajo del Estado de Chihuahua
1914	M. Aguirre	Ley de Accidentes de Trabajo del Estado de Jalisco
1915	C. Aguilar	Ley de Accidentes de Trabajo del Estado de Veracruz
1915	S. Alvarado	Ley de Accidentes de Trabajo del Estado de Yucatán
1915	N. Flores	Ley de Accidentes de Trabajo del Estado de Hidalgo
1917	Revolución	Artículo 123, fracción XXIX, de la Constitución de 1917 8 .
1918	D.F. y Federación	Proyecto de Ley del Trabajo para el Distrito Federal y Territorios Federales 9.
1919	Sonora	Ley de Trabajo y Previsión Social del Estado de Sonora
1920	Sinaloa	Ley de Trabajo y Previsión Social del Estado de Sinaloa
1921	Puebla	Código de Trabajo del Estado de Puebla
1923	Jalisco	Ley de Trabajo del Estado de Jalisco
1924	Veracruz	Ley sobre Riesgos Profesionales del Estado de Veracruz
1924	Campeche	Ley de Trabajo del Estado de Campeche
1924	Guanajuato	Ley de Trabajo Minero del Estado de Guanajuato
1924	Tamaulipas	Ley de Trabajo del Estado de Tamaulipas
1925	Colima	Ley de Trabajo del Estado de Colima
1925	García de León et al.	Proyecto de 1ra Ley Reglamentaria del Art. 123 de la
1928	Congreso de la Unión	Constitución. Iniciativa de Ley sobre Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales 10. Modificación de la fracción XXIX del artículo 123 constitucional 11
1929	Aguascalientes	Ley de Trabajo del Estado de Aguascalientes
1935	Lázaro Cárdenas	Proyecto de Ley del Seguro Social
1943	Congreso de la Unión	Aprobación y publicación en el DOF de la Ley del Seguro Social.
1973	Congreso de la Unión	Adiciones a la Ley del Seguro Social 12
1977	Congreso de la Unión	Nueva ley del Seguro Social

Fuente: elaboración propia en base a diversas leyes.

8       Que, a la letra, dice: “Se considera de utilidad social: el establecimiento de caja de seguros populares, de inva-

lidez, de vida, de cesación voluntaria del trabajo, de accidentes y de otros fines análogos.

9       Propone el establecimiento de cajas de ahorro como ayuda para los obreros casados.

10     En ella se disponía la creación de un Instituto Nacional de Seguros Sociales, de administración tripartita cuya integración económica habría de corresponder sólo al sector patronal.

11     Que a la letra, estipula: Se considera de utilidad pública la expedición de la Ley del Seguro Social y ella com- prenderá seguros de Invalidez, de Vida, de Cesación Involuntaria del Trabajo, de Enfermedades y Accidentes y otros con fines análogos.

12     En el que se encomendaba la prestación del servicio a un Instituto de Seguros Sociales, con aportaciones y administración tripartita, que incorporaba a todos los asalariados. Proyecto posterior del García Téllez que refería a la creación de un Instituto de Seguro Sociales, de aportación tripartita, que incluía al Estado, a los trabajadores asegurados y a sus patrones y que “cubriría o prevendría los siguientes riesgos sociales: enferme- dades profesionales y accidentes de trabajo, enfermedades no profesionales y maternidad, vejez e invalidez y desocupación voluntaria.”

13     Incrementa la responsabilidad del Estado de brindar la mayor seguridad social, a través del Instituto Mexicano del Seguro Social

 

Lo que implica un cada vez mayor  número de ciudadanos formalmente  fuera  del esquema de SS, obligados a tomar opciones de subsistencia que van desde la incorporación al al comercio informal —en el mejor de los casos— o al ingente número de emigrantes que cruzan la frontera en busca de mejores oportunidades. Todo este conjunto de condiciones, continúa Ortiz (2008), contribuye al deterioro de las organizaciones de asistencia social al ubicarlas en un perpetuo estado de emergencia financiera que no se minimizará  a menos que el Gobierno Federal impulse reformas oportunas y viables en los rubros sociales; es decir, de continuar en la misma tesitura, el IMSS, el sistema de ahorros y las futuras pensiones de millones de mexicanos afiliados a este instituto, colapsará propiciando la casi inevitable privatización de la SS en México. A ello debe añadirse que, dado que  el modelo mexicano se basa en el anglosajón, la adaptación no es totalmente adecuada debido a las diferencias existentes entre la economía, el estatus jurídico y sociocultural  e, incluso, entre las formas de gobernar de ambos países, lo que permite deducir que bajo tales consideraciones la SS mexicana estaba destinada a fracasar, dado que en las actuales condiciones no se pueden garantizar los fines para los que fue creada.

Sánchez (2004), menciona que la Declaración de los Derechos del Hombre (ONU, 1984) establece, en su artículo 22,  que el objetivo primigenio de la SS consiste en ofrecer protección a las personas más necesitadas que integran una sociedad,a quienes por alguna causa —establecida  en un marco legal— están imposibilitadas de forma temporal o permanente para  obtener un ingreso por sí mismas,  de  salvaguardar su persona, su salud y la de sus familiares, además de proteger a quienes deben asumir responsabilidades financieras excepcionales para poder subsistir de manera decorosa y humana por algún siniestro inesperado.

La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en su artículo cuarto, reconoce el derecho a la salud como un

derecho humano y de garantía., al que debe acceder todo individuo por el simple hecho de pertenecer a una sociedad. La Organización Mundial de la Salud (OMS, 1946), define la salud como un estado completo de bienestar físico, mental y social, y no sólo la ausencia de afecciones o de enfermedades,  además de entender que el goce del máximo grado de salud es uno de los derechos fundamentales de todo ser humano sin distinción de raza, religión, ideología política o condición económica o social.

Metodología

La presente investigación se realizó bajo el enfoque metodológico de corte cualitativo (Hernández, et. al. (2010) a la hora de analizar el comportamiento del fenómeno objeto de estudio, dado que soporta mejor que los  otros enfoques la observación de grupos poblacionales reducidos, como el que aquí se analiza. Para ello, se consideró ocho empresas como el universo de estudio, organizaciones legalmente registradas y afiliadas en el Instituto Mexicano del Seguro Social, ubicadas en el Municipio de San Juan del Río, Qro., y específicamente adscritas a la Oficina para Cobros 2303, misma que en la actualidad cuenta con: a) 3,775 patrones afiliados activos al IMSS; b) 64,532 trabajadores cotizantes y, c) más de 240,000 beneficiarios de la seguridad social. En esta oficina de cobros se recaudan de 7 u 8 millones de pesos bimestralmente aproximadamente, entre pagos voluntarios, multas y pagos forzosos. Por su estructura, califica como de tipo B, y si bien no es grande en infraestructura, si lo es en cuanto número de afiliados, por lo que cuenta con dos departamentos: afiliación y cobranza.

El universo poblacional objeto de estudio se encuentra integrado en su mayoría por negociaciones medianas y pequeñas, con tan sólo un pequeño grupo de empresas grandes. Estas últimas, son de enorme relevancia, debido a que por el número de trabajadores afiliados a su cargo aportan la mayor cantidad de ingresos de la citada oficina. Cabe señalar, que en esta muestra, este tipo de metodología

 

de investigación es particularmente apta en las áreas de las ciencias sociales, ya que se enfoca en cortes metodológicos sustentados por la fenomenología, la hermenéutica o la interacción social, con técnicas de recolección cuyo propósito consiste en explorar las relaciones sociales para describir la realidad tal como la experimentan los actores sociales, privilegiando el discurso, las percepciones y la conductas de los individuos.

El trabajo que aquí se presenta, pretende explicar la construcción de los procesos subjetivos de la percepción de los empresarios afiliados a la oficina para  cobros  del  IMSS de San Juan del Río, Qro., con respecto a     la decisión del pago o el impago de las COP al Instituto y, por ello, considera de vital importancia lo expuesto por Robbins (2009), cuando señala que los procesos subjetivos o percepciones emanadas de las sensaciones, no remiten a cuestiones irracionales, ilógicas o sin sentido, sino a impresiones sensoriales a las que cada actor otorga un sentido propio que puede distinguirse radicalmente de una realidad objetiva.

La hipótesis de investigación se construye a partir de las preguntas de investigación y de los objetivos a alcanzar, de modo que responda a las proposiciones planteadas. De acuerdo a ello, la hipótesis correspondiente al presente trabajo es la que a continuación se presenta:

La percepción del empresario a la hora de decidir realizar —o no— el pago de las COP al IMSS y cumplir con su responsabilidad social empresarial —con el  consiguiente  beneficio o costo social— se ve afectada por factores subjetivos.

La entrevista fue utilizada como el instrumento metodológico de este trabajo. Además se seleccionó el estudio de caso porque, de acuerdo a lo expuesto por Mills (2010), implica la exploración intensa de una única unidad de estudio —una persona, una familia, un municipio, una comunidad, o una institución en particular, entre otros—, que

corresponde perfectamente con el objeto de esta investigación: patrones de la Oficina para Cobros 2303 del IMSS. Según apunta Yin (1993), se aprecian dos tipos en estudio de caso en una investigación, el explicativo, que en el caso que nos ocupa es utilizado como causa de una investigación social y pretende descubrir las causas por que los patrones incumplen   sus   obligaciones   en   materia de responsabilidad social y el descriptivo aportando la Teoría de carácter descriptivo previa al inicio del proyecto para la elaboración de un marco teórico.

El proceso de percepción del empresario se ve influido por las circunstancias históricas, políticas o culturales que le acontecieron y de las cuales él tiene su propia valoración. Por el contrario, el conocimiento efectivo, condiciona y aborda las causales de un razonamiento científico de causa real sobre una determinada cosa o circunstancia, por lo que la actitud valorativa de lo que se aborda, lo predispone a la ejecución, percepción y dirección de conceptos que tienen una significación de sentimiento ya sea positivo o negativo, bueno o malo o de la concepción de un prejuicio que pueda mostrar un rechazo sobre algo que fue preconcebido sin razón aparente. En este punto, el razonamiento cotidiano, involucra la toma de decisiones con respecto a los actos de la vida diaria —planeación, compromisos  y responsabilidades— basados en modelos situacionales preconcebidos a partir de los cuales se establecen conclusiones, se toman decisiones o  se  encuentran  soluciones  a los problemas como cumplimiento  de  la RSE. Incluso tras haber el carácter legal y obligatorio de dicho concepto, su cumplimiento requiere, además de sentimientos y prejuicios, una conducta moral y ética apegada a la normatividad, la misma que propone un cumplimiento que va más allá del marco regulatorio dado que nace de la voluntad propia del individuo sin necesidad de una coacción externa. (Schvarstein, 2006). Con esto se tuvo que realizar el proceso subjetivo necesario en este proyecto a continuación se ilustra.

 

 

 

 

Figura 3: Proceso subjetivo de aplicación en la investigación

 

Fuente: Elaboración propia (2015). Basado en Koref, S. y Santibáñez H. (1986).

 

Resultados

La aplicación del instrumento metodológico permitió la elaboración de un perfil general de los actores involucrados, la tabla 4 los indica, en cuanto a sus formas de pensamiento y actuación, proporcionando, adicionalmente, elementos suficientes para dotar de sentido   y significado a la percepción particular de cada uno de los sujetos entrevistados en materia de cumplimiento/incumplimiento de las COP. Es decir, en general, se obtuvieron datos suficientes para rescatar valores y significados sociales en relación a su actividad productiva y, de modo particular, al modo en que perciben y asumen la RSE en lo que respecta al pago/impago de  contribuciones  al IMSS. Adicionalmente, pudieron también establecerse: sus antecedentes de formación académica,  el  grado  de  compromiso  con  la actividad que desarrolla y  su  percepción de la administración pública, sus leyes y funcionarios, lo que permitió delimitar los factores determinantes en el cumplimiento/ incumplimiento del empresario en relación a sus obligaciones tributarias.

En general, pudo observarse gran disposición y seriedad de los sujetos de la muestra ante la aplicación del instrumento, incluida la imagen formal en cuanto a código de vestimenta. Por lo que respecta a la descripción del procedimiento en sí mismo, inició con un

preámbulo formal de bienvenida —algo más laxo en los casos en que la entrevista fue realizada fuera de las oficinas de la empresa— para continuar con una conversación ligera, destinada a relajar el  procedimiento,  antes de comenzar a aplicar la entrevista en forma. Aunque la mayoría de los sujetos se condujeron con soltura y tranquilidad, exponiendo sus opiniones sin ningún tipo de censura, su lenguaje corporal cambió radicalmente en el momento de exponer la grabadora, pudiendo percibirse un mayor nivel de rigidez en su postura —mayor verticalidad—, lenguaje

—exclusión de términos altisonantes— e insistencia en el anonimato tanto de sí mismo como de la empresa en que labora. Así mismo, pudo percibirse un incremento del tiempo entre el momento en que se formuló la pregunta y  el inicio de la respuesta ante cuestionamientos directos referidos a percepción de gobierno y a políticas impositivas, incluyendo también, mayor cautela y, en determinados casos, cierto nerviosismo —reacomodo de la postura, disminución de tono de voz— a la hora de expresar sus opiniones. En general, puede concluirse que la totalidad de los sujetos entrevistados considera de utilidad pública tanto el aparato burocrático como el pago de impuestos, por lo que accedieron a formar parte de la investigación con una actitud sumamente responsable dado su evidente deseo de que sus opiniones fueran escuchadas.

 

 

Fuente: Estrella (2015).

 

 

 

Fuente: Estrella (2015). Información extraída de los estados financieros y órdenes de liquidación de las empresas objeto de estudio, correspondiente al año 2013 y calculada en base al promedio de tres salarios mínimos integrados por el número de trabajadores de cada empresa. Importes bimestrales de COP.

 

Cabe señalar que si bien las primeras tres entrevistas se realizaron  sin  contratiempos  a puerta cerrada en las oficinas de los empresarios, la evaluación del comportamiento de los sujetos ante el uso de la grabadora

—previamente solicitado y  autorizado  por  los mismos sujetos— llevó al investigador a realizar las siguientes cinco aplicaciones en lugares públicos, con el fin de relajar la tensión ambiental de modo que los sujetos pudieran expresarse con mayor libertad, confianza y fluidez lejos de su entorno laboral. Ello debido, previa opinión de los citados sujetos, a la censura gubernamental contra quienes se expresan libremente respecto al estado, sus dirigentes, políticas  impositivas,  generación,   creación e incremento de impuestos, especialmente cuando se trata de opiniones críticas a las líneas de actuación gubernamental. Temores, por otra parte, acrecentados debido a la inestabilidad social que atraviesa el país y a los problemas derivados del crimen organizado, cuya actuación violenta —de acuerdo siempre a la opinión de los sujetos entrevistados— está en contubernio con diferentes esferas gubernamentales, por lo que los empresarios deben mantener un perfil bajo con el fin de evitar riesgos y dificultades.

Los aspectos fundamentales a tratar durante la aplicación del instrumento se centraron en las preguntas relacionadas con los factores que determinan la percepción y  el conocimiento de los empresarios a cerca de: a) en materia de políticas  impositivas:  a1) la percepción del empresario respecto a las medidas regulatorias; a2) el modo en que dichas medidas afectan a la empresa y, a3) las causas de cumplimiento/incumplimiento de las mismas; b) en materia de conocimiento efectivo sobre legislación fiscal del sector económico de su organización: análisis de las bases de conocimiento real sobre el marco jurídico, fiscal y financiero que encuadra al empresario en sus diferentes sectores; c) en materia de percepción del empresario respecto a los funcionarios y el pago  de  impuestos: c1) percepción del  empresario  en  relación  al desempeño del trabajador del gobierno y, c2) percepción del empresario en relación al

pago de tributos y su aplicación al bien común;

d) en materia de RSE entendida como una responsabilidad de obligado cumplimiento en los ámbitos laboral, social y medioambiental: percepción del empresario respecto a cumplimientos cuyas consecuencias traspasan el rubro de su beneficio económico en pro de la sustentabilidad social; e) en materia de pago de las CP al IMSS: e1) factores determinantes en relación al cumplimiento/incumplimiento de las mismas.

Conclusiones

Puede afirmarse, en conclusión, el reconocimiento de la RSE como una estrategia empresarial que, a partir de un conjunto de técnicas, prácticas y sistemas de gestión, proporciona un nuevo equilibrio en la relación establecida entre las dimensiones sociales, ambientales y económicas. A partir de lo cual, una mirada retrospectiva hacia el modo en que ha evolucionado el concepto, permite destacar su conversión desde una necesidad de apoyo a los derechos de los sectores socialmente más vulnerables al actual fenómeno multifacético detonador de valores y  factor  de  impacto  en la consecución del equilibrio entre los beneficios económicos y el bienestar social, en pro de la construcción de una sociedad más justa y equitativa. Esta nueva concepción de la RSE supone, para los altos cargos empresariales, asumir que sus decisiones de negocio impactan profundamente su entorno social y, de modo particular, a los grupos más vulnerables del mismo

De acuerdo  a  ello,  debería  esperarse  de dichos empresarios un adecuado conocimiento de las prácticas de RSE, ya sea por solidaridad con los grupos  deprimidos,  ya por intereses económicos; conocimiento efectivo e integral del que  —a  juzgar  por  los resultados del análisis realizado en esta investigación— los directivos empresariales carecen. Por el contrario, pudo percibirse entre los sujetos encuestados, una fuerte tendencia a equiparar las prácticas de RSE con el cumplimiento irrestricto de lo exigido por la ley, sin percibir que las citadas prácticas deben sobrepasar la exigencia legal en pro del mejor

 

desarrollo de su entorno, del capital humano de la empresa y de las relaciones establecidas entre ésta y sus grupos de interés. Confusión y conocimiento parcial que, en las presentes circunstancias económicas atravesadas  por el país, debería ser fuente de preocupación tanto de los grupos de interés ligados a las organizaciones empresariales como para la propia sociedad, dado que la carencia de bases conceptuales repercute directamente en la toma de decisiones del empresario en materia de desarrollo sustentable más allá del ordenamiento legal.

Se concluye que la mitad de los sujetos entrevistados demostró una notable sensibilidad respecto a los aspectos sociales derivados de su actividad laboral, estableciendo su preocupación por cumplir en tiempo y forma con el pago de las COP. Igualmente, reconocen tanto su preocupación por el futuro de los trabajadores y sus dependientes, como la incertidumbre de los mismos para enfrentar la vejez cuando no se cumplen cabalmente las obligaciones debidas al IMSS. Pese a  ello, los resultados permiten concluir que únicamente dos de los sujetos realizan las citadas aportaciones en tiempo y forma y, ello, debido a que sus empresas están sujetas a certificaciones que exigen obligatoriedad de cumplimiento en materia de seguridad social  y penal, ante el incumplimiento, con la ruptura de relaciones comerciales entre la empresa y sus grupos de interés.

Existe, por otra parte, una tendencia general de los sujetos entrevistados a atribuir a las COP mayor jerarquía que al resto de   las contribuciones, debido a que consideran necesario cumplir con el IMSS en pro del bien común y del desarrollo nacional. Ello indica que aun cuando no poseen un conocimiento integral y efectivo de  dicha  contribución,  sí la perciben como un  impuesto  destinado  a la clase trabajadora, siempre necesitada de apoyo, solidaridad  y  seguridad  social.  En  la misma línea debe señalarse que más de   la mitad de los empresarios no distingue la diferencia entre COP e impuestos que gravan el ingreso o el consumo —ISR, IVA— y que,

evidentemente poseen diferente naturaleza y tratamiento.

De  igual  modo,  el   mismo   porcentaje de empresarios desconoce si las citadas aportaciones son de carácter federal, estatal o local y bajo qué ley se reglamentan. Igualmente, desconocen la naturaleza de las COP, en el sentido de que del total de las contribuciones aportadas al IMSS sólo una parte proviene de dinero empresarial mientras que, el resto, se deduce del salario de los trabajadores. Ello, permite concluir que el empresario que no cumple en tiempo y forma sus obligaciones con el IMSS carece de una percepción objetiva ya que la omisión de estos conceptos sociales no sólo retrasa el entero de los importes a las ramas de seguros del trabajador, deteniendo la contraprestación social, sino que implica, por parte del empresario, el uso indebido de recursos que no le pertenecen y que fueron retenidos anticipadamente del salario de sus empleados. Los resultados de la investigación demostraron que los empresarios que evaden o alargan el pago de COP desconocen que dicha acción no encaja en la práctica de la RSE, dado que generan costos sociales como atrasos en la seguridad social del entorno; igualmente, desconocen que  dicho  impago  u omisión aparece en el supuesto jurídico denominado defraudación fiscal, tal como lo manifiesta el artículo 108 del CFF.

Por lo que respecta a la percepción de los sujetos entrevistados respecto del pago de COP, puede concluirse la prevalencia del temor a revisiones o auditorías en la empresa en caso de incumplimiento, por lo que sólo en un muy bajo grado se percibe sensibilidad hacia el impacto social derivado de dichas aportaciones. Cabe señalar que la mayor regularidad en los pagos a la SHCP —IVA, ISR— se  debe  a que las auditorías empresariales en caso de impago son ejecutadas por la propia SHCP,    a través del SAT,  en tanto que las relativas   al impago de las COP, son ejecutadas por el IMSS, con medios menos expeditivos y menor frecuencia. Al respecto, cabe hacer  notar  que dado el desconocimiento de los artículos legales que plasman la obligación de contribuir

 

al IMSS, su ubicación en la ley e incluso de   la misma ley que es aplicable, también  le  son desconocidas las consecuencias legales y económicas específicas derivadas de la omisión del pago de las COP, cuyo pago se fue modelando únicamente en razón de los requerimientos forzosos que en su momento ha exigido la autoridad en la  materia.  De  ello se deriva una variable hasta ahora no contemplada en  la  literatura,  pese  a  que  se pondera como factor determinante en la percepción de los empresarios respecto a la decisión del cumplimiento/incumplimiento de las COP: la exigencia coactiva. Es decir, el pago de las COP se incrementa cuando la autoridad incrementa de manera forzada — multas, recargos, requerimientos, embargos— su cumplimiento, dado que el empresario ante la posibilidad de problemas con la autoridad confiere a la percepción del pago de COP el rango de impostergable, por lo que  realiza sus pagos con prontitud. En un contexto paralelo, es significativo que todos los sujetos entrevistados consideren onerosos en exceso los impuestos sociales, además de asegurar que su aplicación no es adecuada. Pese a ello, sólo el menos de la mitad puede detallar el costo de aseguramiento de un trabajador y a qué ramas aseguradas se aplican sus COP en el momento de pagarlas. Derivado de lo anterior es posible concluir que el desconocimiento de la materia alienta la percepción patronal hacia valoraciones negativas del pago, aplicación y objeto de las COP.

Por otra parte, la evidencia encontrada en el análisis de resultados permite concluir que todos los sujetos entrevistados muestra un marcado sentimiento de disgusto respecto a la conducta de los funcionarios encargados de recibir el pago de las COP. Percepción negativa que aparece, igualmente, al tratar el tema de la calidad de los servicios ofrecidos por el IMMS, muy inferior a la que debería esperarse en cuanto a cobertura de necesidades sociales de los derechohabientes. Al respecto, conviene aclarar que la percepción mental de los citados sujetos proviene de fuentes de comunicación informal de su entorno, de fuentes indirectas

o de la experiencia de sus trabajadores con respecto a la utilidad de los servicios de seguridad social y del trato recibido, por lo que las percepciones de los empresarios presentan diversos sesgos de subjetividad que las inclinan negativamente hacia la materia. Lo anterior confirma la tesis de la presente investigación desde el momento en que el más de la mitad de los sujetos entrevistados nunca han acudido personalmente a realizar trámites en las oficinas de cobro del IMSS, mientras,  el 100% de los mismos, nunca han requerido servicios médicos, de  hospitalización  o apoyo de medicamentos del IMSS ni, mucho menos, esperan recurrir a él  para  obtener  su jubilación o solicitar una pensión, ya que su situación económica no sólo les permite contratar personal para realizar los trámites administrativos sino que les ayuda a ver su futuro con mayor certidumbre.

Igualmente, es posible concluir a  partir  de los resultados de la investigación, que ninguno de los sujetos entrevistados percibe con certeza si su cumplimiento con el IMSS impacta realmente en el bien común, es decir, carecen de referente tácito sobre el destino de las COP en relación  a  la  sociedad  y/o los trabajadores; así mismo, desconoce por completo la aplicación y distribución de dichas cuotas aun cuando puede observarse una mayoritaria percepción ligada a la insuficiencia y mala calidad del servicio, además tiempos de espera prolongados que, de acuerdo a tres partes de la población entrevistada, obligan   a los trabajadores a seleccionar servicios médicos privados en lugar de acudir al IMSS para recibir atención médica. Además, se encontró que uno de estos empresarios, a pesar de cubrir puntualmente sus obligaciones sociales con el IMSS, cuenta con un contrato de servicio médico privado al que dirige a sus trabajadores cuando éstos requieren atención médica.

En lo referente al concepto de  RSE  de los sujetos entrevistados, todos consideran que el hecho de cumplir con  las  COP, aunado a procesos de ahorro de energía y combustible, son acciones suficientes para

 

considerar su gestión organizacional como socialmente responsable. Ello, debido a que en la investigación no se encontró evidencia que demostrase la presencia de estrategias claras, coherentes y sólidas  en  materia  de la aplicación de RSE, entendida en sentido integral.

De acuerdo a lo hasta ahora expuesto, puede observarse que los factores económicos y de temporalización poseen un peso específico en la percepción general de la mayor parte de los sujetos entrevistados respecto al pago de las COP. Sin embargo, tanto la percepción como la opinión de los citados sujetos, pueden originarse a partir de una variable no considerada en este estudio: la necesidad de los empresarios de incrementar los rendimientos de su empresa al más bajo costo posible. Ello, derivado de los siguientes factores: a) el registro del empresario de falta de calidad de los servicios ofrecidos por el IMSS le obliga a contratar,  adicionalmente, un servicio médico privado; b) cuando los trabajadores acuden al IMSS, este organismo se ve obligado a actualizar el grado de riesgo de accidentes de cada empresa, acción que repercute en el cálculo de la cuota a pagar

—a mayor riesgo labora, mayor COP— y en el ajuste empresarial de los salarios de los trabajadores que, a su vez, impacta en el incremento de los impuestos; c) la contratación de un servicio médico privado garantiza al empresario que sus trabajadores, una vez atendidos, regresarán al trabajo en el menor tiempo posible, disminuyendo los días de incapacidad. Es sencillo comprobar, entonces, la influencia de los factores económicos en   la percepción del empresario con respecto al costo-beneficio derivado de la afiliación de sus trabajadores al IMSS y, adicionalmente, ligarla al deseo patronal de incrementar los beneficios de su organización.

En relación al objetivo general de este estudio —conocer y explicar la percepción de los empresarios, respecto al pago de COP al IMSS, en San Juan del Río, Qro— es posible afirmar una percepción patronal negativa derivada de diferentes rasgos subjetivos: a)

observación diaria en un entorno cambiante y económicamente inestable; b) falta de certeza social  y  de  seguridad;  c)  exigencia  férrea  y coactiva de la autoridad; d) necesidades inmediatas del propio negocio, entre otros. Factores que son catalogados de diversas maneras en función del constructo mental y, por ende, de la percepción particular de cada empresario; debido a lo cual cada individuo les confiere una categoría personal de validez, importancia o urgencia a partir de la valoración de sus propias  prioridades,  incidiendo  en  su decisión de postergar u omitir el pago de las COP al no percibir ningún reflejo de sus aportaciones en el bien común. Igualmente,  el empresario es consciente de que el marco impositivo se acrecienta de modo constante con la consecuente disminución de sus ganancias y del sometimiento de la clase trabajadora a condiciones precarias de calidad de vida.

En cuanto a la identificación de factores, causas y justificaciones, válidas o no, que motivan la decisión del empresario respecto  al pago/impago de las COP  en  relación  a  los costos sociales que puede generar su cumplimiento/incumplimiento, fue posible aislar —tal y como se ha demostrado— dichos factores que conducen de manera subjetiva   a la toma de decisiones. Igualmente, pudo demostrarse que dichos factores no son fruto del conocimiento efectivo del empresario, ni del estricto cumplimiento legal ni, por supuesto, de algún tipo de estrategia corporativa de RSE. Al respecto, cabe señalar que las decisiones del empresario en relación a omitir/ postergar el pago de las  COP  se  sustenta en la volubilidad tanto de la ley como de los funcionarios encargados de su cumplimiento, quienes permiten que el pago sea postergado siempre y cuando se cubra, posteriormente, con un pago mayor que incluye una sanción por cumplimiento extemporáneo, lo que aprovecha el empresario para cubrir otras necesidades de la empresa de carácter perentorio. Adicionalmente, es preciso anotar que la totalidad de los sujetos entrevistados carece de conciencia respecto al costo social

 

derivado de la omisión o postergación de las cuotas al IMSS, únicamente reconocen que el desvío de dichos recursos para atender otras necesidades generará, en algún momento, una sanción. En otros términos, si bien pueden considerar las consecuencias pecuniarias provenientes del incumplimiento no alcanzar  a vislumbrar los problemas sociales derivados de dicho impago en  relación  a  los  rubros  de medioambiente, educación, seguridad, atención médica, pensiones, entre otros. Por último, es posible concluir en todos los casos que tanto el incumplimiento como las causas que, desde la perspectiva patronal lo justifica, son válidas desde la percepción del empresario aun cuando la ley, la sociedad y la propia RSE contravengan dicha validez.

En síntesis, a pesar de  su  importancia  en la sociedad contemporánea, la  RSE  es un concepto apenas reconocido entre los empresarios y, su ejercicio, no es un factor relevante a la hora de cumplir con sus responsabilidades hacia el IMSS. El pago/ impago de COP más que por acciones propias de la RSE está motivado por la percepción de las exigencias cotidianas del empresario. Por último, es preciso reiterar que no se encontró evidencia en el análisis de resultados que aclare las estrategias de la autoridad en materia de difusión de los beneficios de la RSE, por  lo que los dirigentes organizacionales no son capaces de concebir formas o un modelo de gestión factible y aplicable para capitalizar, en ganancias y beneficios sociales para todos, el ejercicio de la RSE.

 

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