La efectividad de la política de vivienda social en
México
Social housing policy in Mexico; effectiveness and
social impact
Alma A., Hernández Ilizaliturri[1], Lucia, Graciano Casas[2], Gerardo, Haces Atondo[3]
En el 2020 el
gobierno federal reconocía que en México existían 650 mil viviendas abandonadas
producto de una política de vivienda expansiva que dejaba de lado las
necesidades de los individuos. El
presente artículo muestra los resultados del análisis de la efectividad
de la política pública de vivienda social en México, mediante el método
sintético-analítico y el análisis multivariante se evalúa el conocimiento del
proceso de la política y el conocimiento en el proceso, identificando que la
política habitacional logro reducir el rezago habitacional con una media
nacional del 30%, sin embargo no fue homogénea, aún existen municipios con el
100% de sus hogares en rezago; y en algunos que disminuyeron la brecha reportan
un mayor número de viviendas abandonadas.
Mediante el análisis
multivariante se determina un nivel bajo de efectividad de la política en la
solución al problema, por lo que se recomienda impulsar una política de
vivienda diferenciada que considere las necesidades financieras, de espacios y
funcionalidad de la vivienda, las restricciones laborales y roles de los
hogares monoparentales encabezados por jefas de familia.
Palabras clave: Políticas Públicas, Vivienda Digna, Efectividad
In 2020, the Federal Government recognized that
currently existing 650,000 abandoned homes in Mexico as a result of an
expansive social housing policy that left aside the needs of individuals, which
is why it promotes the development of research aimed at designing, developing
and implementing a public policy social housing based poverty
human needs of people.
This article shows
the results of the analysis of the effectiveness of the social housing policy
in Mexico, through the synthetic-analytic method and the multivariate analysis,
the knowledge of the policy process and the knowledge in the process are evaluated,
showing that the social housing policy.
In addition, to
reduce the housing gap with a national average of 30%, however it was not
homogeneous; there are still municipalities with 100% of their homes in a gap.
With the
multivariate analysis, a low level of effectiveness of the policy
social housing in solving the problem is concluded. It has been proposed to
propel a differentiated housing policy that considers the financial needs,
spaces, labor restrictions and roles of extended nuclear households, single
parents headed by women and men.
Key
words: Social
housing policy, Decent housing, Effectiveness
Códigos JEL: H11, R21, D61
En
los últimos años el Banco Mundial ha impulsado la estrategia de la construcción
de ciudades o comunidades sostenibles alineado al objetivo 11 de la Agenda
2030, a modo de una alternativa de solución a los problemas territoriales que
se presentaran como consecuencia del incremento de la población que habita en
las grandes urbes, se estima que para el 2030 el cambio climático sea de las
principales causas que situé a más de 100 millones de personas que viven en
zonas urbanas en condiciones de pobreza, y que para el 2050 el 70% de la
población viva en las grandes ciudades.
Con
la finalidad de dar cumplimiento al objetivo de erradicar la pobreza extrema e impulsar la
prosperidad compartida se estableció la Nueva Agenda de Desarrollo
Urbano, en la cual se definieron 5 prioridades y 6 líneas de acción, una de
ellas es la pobreza urbana,
ciudades inclusivas y vivienda, lo que motiva la presente investigación
orientada a evaluar los impactos de la política de Vivienda en México, ya que
de acuerdo con los programas Nacionales estratégicos del Consejo Nacional de
Humanidades, Ciencia y Tecnología (CONAHCYT), México se enfrenta al desafío de diseñar una política pública en
materia de vivienda que sea inclusiva y que tienda a eliminar el rezago; y
permita que todas y todos sin distinción de ingresos habiten en una vivienda
digna y armónica con el ambiente.
En
México el derecho a la vivienda digna se consagra en la Constitución en su
artículo cuarto párrafo tercero y en la Ley de Vivienda se le confiere al
estado la función de impulsar y organizar acciones inherentes a la vivienda e
integrar a los distintos sectores.
En México, según datos del Instituto Nacional de
Estadística y Geografía (INEGI) en 1950 el 43% de la población habitaba en localidades urbanas; en 1990
el porcentaje era de 71, y para 2020 de
79 por ciento, por lo que en el Plan
Nacional de Vivienda 2019-2024
se determinó un rezago en vivienda de 9.4
millones de acciones en el país, contabilizando 650 mil viviendas abandonas
producto de una política que privilegio la comercialización de las unidades
habitacionales basada en el beneficio de la rentabilidad para los agentes
económicos y no pensada en el bienestar y las necesidades de la población, por
lo que se propuso una transformación de la política de vivienda, en la que las
acciones se centraran en las personas, con especial atención en los grupos
vulnerables, en la inteligencia que la modificación de la visión debía dar cumplimiento a los criterios definidos
por la ONU-Hábitat relativos a la seguridad de la tenencia, disponibilidad de
los servicios, materiales, instalaciones e infraestructura, asequibilidad,
habitabilidad, accesibilidad, ubicación y adecuación a la cultura.
El
Plan de Vivienda 2019-2024 establece una ruptura de las ideas arraigadas y
preconcebidas en materia de diseño y construcción de unidades habitacionales y
la búsqueda por alinearse a los criterios de la ONU-Hábitat, lo que invita a
analizar la política de vivienda en México y su relación con los resultados
obtenidos con el fin de poder conocer:
¿Cuáles
son los cambios estructurales que se han realizado en la política de vivienda
popular o social en México?, ¿A quiénes ha privilegiado la política de vivienda
popular o social?, ¿Cuál es el logro de los objetivos trazados en materia de
Vivienda popular o social?, ¿Cuál es la brecha de género en materia de acceso a
la vivienda digna del mercado popular o social?,
Mediante
un análisis exploratorio de corte transversal y longitudinal se analiza la
Política de Vivienda Social en México desde su surgimiento hasta el 2018.Para
esta investigación se entenderá como Política Pública al conjunto coherente de
principios y acciones gestionadas por el Estado, que determinan la distribución
y el control social del bienestar de una población por la vía política, en este
caso las acciones instrumentadas para que los mexicanos habiten en una vivienda
digna definida por la ONU-Hábitat.
En
México la categorización de la vivienda fue modificada de 15 subcategorías a 5,
las cuales serán el referendo para el análisis, por lo que al referirnos al
valor de la vivienda se hace alusión a:
Económica. Superficie construida en promedio: 40m2, costo promedio:
118 unidades de medida y actualización (UMAs) cuentan
con 1 baño, cocina, área de usos múltiples.
Popular. Superficie construida en promedio: 50m2, costo
promedio: de 118.1 a 200 UMAs cuentan con 1 baño,
cocina, estancia, comedor, de 1 a 2 recámaras y 1 cajón de estacionamiento.
Tradicional. Superficie construida en promedio: 71m2, costo promedio:
de 200.1 a 350 UMAs cuentan con 1 y ½ baños, cocina,
estancia-comedor, de 2 a 3 recámaras, 1 cajón de estacionamiento.
Media. Superficie construida en promedio: 102m2, costo
promedio: de 350.1 a 750 UMAs cuentan con 2 baños,
cocina, sala, comedor, de 2 a 3 recámaras, cuarto de servicio y 1 a 2 cajones
de estacionamiento.
Residencial. Superficie construida en promedio: 156m2, costo
promedio: de 750.1 a 1,500 UMAs cuentan con 3 a 4
baños, cocina, sala, comedor, de 3 a 4 recámaras, cuarto de servicio, sala
familiar y 2 o 3 cajones de estacionamiento.
Residencial plus. Superficie construida en promedio: más de 156m2, costo
promedio: más de 750.1 a 1,500 UMAs cuentan con más
de 4 años, cocina, sala, comedor, más de 4 recámaras, cuarto de servicio, sala
familiar y más de 3 cajones de estacionamiento.
Para
analizar la relación entre el diseño de la política y sus resultados, se
evalúan los impactos o resultados desde los dos marcos de referencia que dan
origen al estudio de las políticas públicas desde el ámbito científico:
Conocimiento del Proceso de la Política (comprensión del problema y sus
efectos) y Conocimiento en el proceso de la Política (sus teoremas e hipótesis
sobre las alternativas de solución)
Cabe
señalar que la política de acceso a la vivienda en México antes del 2018 hacía partía del postulado que
el papel del Gobierno se relacionaba con el acceso al financiamiento y permitir
que en el mercado se definiera el tipo de vivienda y su costo, sin embargo el
rezago en vivienda y el número de viviendas abandonas promovió un cambio de
paradigma en la que se reconoce que el
mercado, por su naturaleza, produce inequidad y expulsa colectivos generando
desigualdad y privación del ejercicio al derecho a una vivienda digna, ya que las personas con mayores ingresos suelen ser aquellas
que acceden a mejores opciones de financiamiento que les brinda un mejor acceso
a vivir en mejores viviendas, medias o
residenciales; lo que pone en desventaja a aquellas personas que no la poseen,
quienes acceden a viviendas económicas o populares, la OCDE (Organización para
la Cooperación y el Desarrollo Económicos), ha señalado que la política social
en países emergente han contribuido a disminuir las desigualdades
Para
conocer el proceso y sus implicaciones en el mismo, se aplica el análisis
cualitativo interpretativo y el cuantitativo analítico sintético,
La
política de vivienda en México ha estado encaminada a disminuir el rezago
habitacional, bajo la premisa que el libre mercado de la oferta de vivienda, el
precio, los ingresos y el acceso al financiamiento son las variables
determinantes o explicativas de la disminución del rezago habitacional, bajo
dicho postulado se identifica que el valor de la vivienda está relacionado con
el financiamiento otorgado por la institución financiera, la modalidad de la
vivienda, el destino del financiamiento, el tipo de financiamiento, el género,
la edad, el ingreso y las acciones. Para determinar el Conocimiento en el
proceso de la política se evalúa la relación de los resultados obtenidos y las
acciones instrumentadas en la política de vivienda como solución al problema
identificado, partiendo de los postulados establecidos por el gobierno para la
instrumentación de la política de vivienda, la cual relaciona variables
independientes al valor de la vivienda, formulando el siguiente modelo
econométrico:
Donde
las variables se definen y determinan de acuerdo con el cuadro 1.
Se
considera que el proceso de diseño e instrumentación de la política pública en
vivienda basado en la heterogeneidad de los hogares nucleares es efectivo para
disminuir el rezago habitacional, si el coeficiente de determinación (R2) tiene
un valor mayor o igual a ±.60, lo anterior considerando, que existe una relación positiva entre el
organismo público que otorga el financiamiento, con la modalidad de vivienda
que escoge el sujeto beneficiado, según su sexo, edad, ingreso, destino del
crédito, tipo de crédito, las acciones que se orientas y el monto del crédito;
para identificar cual política es más efectiva se comparan los coeficientes de
correlación y determinación entre el 2018 y 2013 con el fin de identificar si
en la política actual existe una mayor relación entre las variables
determinantes del valor de la vivienda que en el 2013.
Cuadro 1
Definición de las Variables
|
Variables |
Tipo de Variable |
Valor de la Variable |
|
Organismo (X1) |
Independiente |
INFONAVIT=1; CNVB=2; FOVISSSTE=3; SHF=4;
CONAVI=5; INVI=6; Banejercito=7; Hábitat México=8; CFE=9; ISSFAM=10;
PEMES=11; FONHAPO=12; PDZP SEDESOL=13; SOFOLES AMFE=14; ISSSTELEON=15;INDIVI=16; COVEG=17; COESVI=18; IMEVIS=19; IVEM=20;
ITAVU=21;IVNL=22; INVIVIENDA=23;IVEY=24;INFOVIR=25 |
|
Modalidad
(X2) |
Independiente |
Vivienda nueva=1; Mejoramiento=2; Vivienda usada=3; otros=4 |
|
Destino (X3) |
Independiente |
Mejoramientos=1; Vivienda nueva=2; vivienda
usada=3; pago pasivos=$; con disponibilidad de
terreno=5; liquidez=6; adquisición de suelo=7; reconstrucción=8;
ampliación=9; autoproducción=10; arrendamiento=11; Insumos para vivienda=12;
Urbanización para uso habitacional=13; Lotes con servicios=14; Garantías=15;
Programas institucionales=16; Contragarantías=17 |
|
Tipo (X4) |
Independiente |
Crédito individual=1; Cofinanciamiento=2 |
|
Sexo (X5) |
Independiente |
Hombre= 1; Mujer=2 |
|
Edad rango
(X6) |
Independiente |
29 o menos=1; 30 a 59=2; 60 o más=3 |
|
Ingresos_ rango (X7) |
Independiente |
2.6 o menos Umas=1; 2.61 a 4 Umas=2; 4.01 a 6
Umas=3; 6.01 a 9 =4; 9.01 a 12=5; más de 12= 6 |
|
Acciones (X8) |
Independiente |
0-1312 |
|
Monto (X9) |
Independiente |
Valor en dinero 0-2093942.43 |
|
Vivienda valor (Y1) |
Dependiente |
Económica=1; popular=2; tradicional=3; Media=4; Residencial=5;
Residencial plus=6 |
Fuente: Elaboración propia.
El derecho a la vivienda digna y decorosa se reconoce por primera vez en el
artículo 25 de la Declaración Universal de Derechos Humanos en 1948 (ONU),
posteriormente en 1966 se fundamenta en el artículo 17
del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, firmado
en Nueva York, el 16 de diciembre se establece el derecho de los
individuos a poseer un nivel de vida adecuado, por lo que una vivienda adecuada
es fundamental para el ejercicio de los derechos; a éste, México se adhirió
desde el 23 de marzo de 1981.
En 1979, en el artículo 14 de la Convención sobre
la Eliminación de todas las formas de Discriminación contra las mujeres se
reconoce la importancia de instrumentar acciones que eliminen la discriminación
contra las mujeres y se les permita un trato igual particularmente en las
esferas de vivienda.
Los acuerdos referidos a
Observación General número 4 que refiere e identifica el Derecho Humano a
la Vivienda Adecuada (Dhva) identifica 7 componentes,
los cuales son retomados y adaptadas a la política nacional de Vivienda de
México en el documento Criterios Técnicos
para una vivienda adecuada, emitido por la Comisión Nacional de Vivienda
(CONAVI, 2019: p.p 15-16):
·
Seguridad de la tenencia: la vivienda es adecuada si sus
ocupantes tienen garantías de protección jurídica contra el desalojo
forzoso, el hostigamiento y otras amenazas.
·
Disponibilidad de servicios, materiales, instalaciones e infraestructura: la vivienda es adecuada si sus ocupantes tienen agua potable,
instalaciones sanitarias adecuadas, energía para la cocción,
la calefacción y el alumbrado, y conservación de alimentos o eliminación
de residuos.
·
Asequibilidad: la vivienda es adecuada si su costo no
pone en peligro o no dificulta el disfrute de otros derechos humanos por
sus ocupantes.
·
Habitabilidad: Se refiere a las características del
material y los espacios de la vivienda, así como la infraestructura para
acceder a los servicios básicos (agua, drenaje, energía eléctrica, combustible
para cocinar). Además, la vivienda cumple con esta cualidad si se
garantiza la seguridad física o proporciona espacio suficiente, así como
protección contra el frio, la humedad, el calor, la lluvia, el viento u otros
riesgos para la salud y peligros estructurales.
·
Accesibilidad: la vivienda es adecuada si se toman en
consideración las necesidades específicas de los grupos desfavorecidos y
marginados.
·
Ubicación: la vivienda es adecuada si ofrece
acceso a oportunidades de empleo, servicios de salud, escuelas, guarderías
y otros servicios e instalaciones sociales, o no está ubicada en
zonas contaminadas o peligrosas.
·
Adecuación cultural: la vivienda es adecuada si toma en
cuenta y respeta la expresión de la identidad cultural.
La política de vivienda en México surge
cuando se reconoce la obligación del Estado por velar el debido ejercicio de
los derechos constitucionales de los mexicanos de vivir en un lugar digno, es
hasta 1929 con la reforma al artículo 123 de la Constitución de 1917 cuando se
establece la obligatoriedad por parte del patrón, quien emplea más de 100
trabajadores, a ofrecer un lugar digno para habitar; dando por inicio la
primera fase del proceso, la fase de definición del problema, diseño, e
implementación ocupo 4 años, en los cuáles el estado visibilizo el alarmante
crecimiento urbano de las metrópolis del país, y la gran demanda social de
vivienda, y es hasta 1933, cuando el Estado instrumenta la política nacional de
vivienda con acciones concretas para resolver el déficit.
Tabla
1
Instrumentación
de la Política de Vivienda
|
AÑO |
ACCION GUBERNAMENTAL |
OBJETIVO |
|
1933 |
Se
crea el Banco Nacional Hipotecario, Urbano y de Obras Públicas (Banhoup), actualmente conocido como Banco Nacional de
Obras y Servicios (Banobras) |
Instrumento financiero que podía emitir bonos hipotecarios como
consecuencia de préstamos inmobiliarios para atender las necesidades
derivadas del proceso de urbanización del país e impulsar sectores como el
ferrocarrilero y la industria. |
|
1947-1949 |
Se
construye el primer conjunto habitacional denominado Multifamiliar Alemán (CUPA) |
Atender la demanda de vivienda
de la población con mayor carencia, ante el incremento poblacional que se
presentaba en las ciudades de México y Monterrey, +6.1% y +6.2%
respectivamente. |
|
1950-2022 |
Creación del
Fonhapo (Fondo Nacional de Habitaciones Populares) |
Atender las necesidades de vivienda de la población de escasos
recursos, se crea un fideicomiso para la vivienda popular. |
|
1958-1964 |
Se edificaron diversos conjuntos habitacionales urbanos, entre los que
destacan la Unidad Nonoalco Tlaltelolco con 12,000 departamentos y la Unidad
Independencia, en el DF |
Fomento a la vivienda popular. |
|
1963 |
El Banco de México crea dos fideicomisos el Fondo de Operación y Descuento
Bancario a la Vivienda (Fovi, actualmente administrado por la Sociedad
Hipotecaria Nacional) y el Foga ( Fondo de Garantía y Apoyo a los Créditos
para la Vivienda) |
Desalentar
la demanda de vivienda social de alquiler, y promover la vivienda de
propiedad. |
|
1961
a 1972 |
Con los programas públicos de vivienda se construyeron 233,448 viviendas. |
Impulsar el surgimiento del
mercado de vivienda popular en la que el 10.69% de los recursos
financieros fueron aportados por el Estado, y el 53% de los créditos apoyados
mediante el FOVI. |
|
1970-1980 |
Reformas a la ley en materia de derecho y previsión social. |
generar las condiciones de acceso a crédito hipotecario para los
obreros-trabajadores |
|
1971-1977 |
Se crean el Indeco (Instituto
Nacional para el Desarrollo de la Comunidad Rural y la Vivienda Popular), el
Fovissste (Fondo de la Vivienda del Instituto de Seguridad y Servicios
Sociales para los Trabajadores del Estado), el Fovimiisfam (Fondo de la
Vivienda Militar del Instituto de Seguridad Social de las Fuerzas Armadas
Mexicanas); el Infonavit (Instituto
Nacional de la Vivienda que se convertiría en el Instituto del Fondo Nacional
de Vivienda para los Trabajadores) y
la Codeur (Comisión de Desarrollo Urbano del Departamento del Distrito
Federal). |
Contribuir
con el cumplimiento de las metas de construcción de vivienda social estimada,
derivada de la aportación del 5% de cuota patronal para la vivienda. |
Fuente: Elaboración
propia con fundamento en los estudios históricos de la Vivienda en México, (García
Peralta, 2010; Garza, 2003, p. 43).
A partir de 1984
el Estado emprende un análisis del impacto de la política nacional de vivienda,
dejando plasmado los hallazgos en los programas y planes Nacionales.
·
El
Programa Nacional 1984-1988 de Desarrollo Urbano y Vivienda y de Ecología del
gobierno del presidente Miguel de la Madrid Hurtado se identificaba: la prevalencia del 10% de hogares donde las familias vivían con otra familia; entre el 30% al 40% de las viviendas construidas con un sólo cuarto; más del 23% con piso de tierra; casi
el 62% con techo y/o muros construidos con materiales inapropiados: más del 50%
con carencia del suministro de agua potable y del servicio de drenaje al
interior domiciliario: cerca del 29% con ausencia de servicio de agua potable y
aproximadamente el 25% sin energía
eléctrica; alrededor del 62% de las viviendas se había edificado en condiciones
estructurales deficientes con alto grado de riesgo; más del 65% había sido
construido con métodos no convencionales por sus propios usuarios y cerca del
33% se encontraba en situación jurídica irregular; el 50% de la vivienda rural
se componía de un solo cuarto que cumple
las funciones de dormitorio, comedor, bodega y lugar de trabajo.
Se instrumenta una política con dos
estrategias generales, la reordenación económica y el cambio estructural,
basados en la premisa de reorientar programas, dando prioridad a los grupos
sociales de escasos recursos, y modificar las estructuras y los factores que
intervienen y articularlos en un esquema más eficiente; por lo que se
establecen metas orientadas a dar satisfacción a la demanda habitacional,
promover un crecimiento sostenido de la vivienda e iniciar acciones de mejora;
e instrumentar acciones orientadas a modificar las causas estructurales de los
problemas de vivienda. Se comprometen a incrementar en un 4% los recursos para
la construcción de casas de interés social, prioritariamente el nivel 1.
·
En el sexenio de 1988-1994 el Plan Nacional de vivienda
Para dar solución a los problemas se establece cuatro grandes objetivos: Avanzar en el compromiso de que cada familia cuente con una vivienda
digna y decorosa; Generar condiciones
suficientes para impulsar la edificación de
nuevas viviendas para atender la demanda generada por el incremento
poblacional; realizar el número de mejoramientos sustanciales que el inventario
existente requiere para que el déficit no aumente; e iniciar el abatimiento del
déficit acumulado; convertir a la vivienda en un factor fundamental del
ordenamiento racional de los asentamientos humanos en el territorio nacional; y
aprovechar el efecto multiplicador de la construcción de vivienda en las numerosas
ramas industriales en las que incide para reactivar el aparato productivo
nacional y promover el empleo.
La política neoliberal que prevaleció a finales de la década de los 80´s
promovida por el gobierno del presidente Salinas de Gortari (1988-1994),
privilegio la participación de la iniciativa privada en los diferentes
sectores, siendo el mercado de la vivienda popular o social uno de ellos. El
Gobierno Salinista fundamentado en las recomendaciones del Banco Mundial y el
Fondo Monetario Internacional, quienes impulsaban iniciativas gubernamentales
para que el sector del mercado inmobiliario alcanzara su eficiencia mediante la
transformación de un estado productor de
vivienda a un facilitador del mercado, condujo a que grandes constructoras al
enfrentarse a una desregulación del proceso de edificación de vivienda social,
ver reducidos los mecanismos de control y de vigilancia; y ante la falta de un programa a largo plazo de
desarrollo territorial en las regiones
urbanas y rurales de México; especularán
sobre los crecimientos urbanos, adquiriendo suelos económicos en zonas lejos de
las concentraciones de empleo y en zonas con alto riesgo de afectación ante la
presencia de fenómenos perturbadores bajo la supuesta creencia de que las
políticas económicas orientadas a la atracción de inversión extranjera directa
promoverían la instalación de grandes empresas multinacionales, quienes
buscaban aprovechar los incentivos que el gobierno otorgaba para su
instalación. En 1997 las reformas a la ley del Infonavit limitaron el papel del
Infonavit eliminando las funciones de desarrollar, proyectar, construir y
comercializar la vivienda social y dotándolo solamente de la tarea de otorgar
créditos hipotecarios a los trabajadores con un enfoque de rentabilidad, es
decir el interés cobrado debía ser superior a la inflación, dejando de lado el
principio solidario con el que se creó y que armonizaba con la lucha por la
justicia social plasmada en la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos
En 1992 con las reformas a la ley del Infonavit el fondo
de ahorro de los derechohabientes pasa a ser administrado por el Sistema de
Ahorro para el Retiro (Sar), creando una subcuenta de
vivienda y brindando la oportunidad para los trabajadores-derechohabientes de
la obtención de rendimientos derivados de su ahorro.
En 1995 de frente a la crisis económica que se presentó,
el mercado de vivienda social dio un gran giro, el incremento de las tasas de
interés de los créditos hipotecarios freno los créditos residenciales y medios,
por lo que se crean cofinanciamientos y otros mecanismos de financiamiento, el
Infonavit firma convenio con Inbursa para beneficiar a trabajadores de 5 a 10
salarios mínimos, dejando excluidos a la población de mayor vulnerabilidad, lo
que provocaría años después, un gran rezago en vivienda social, en el período
de 1995 a 1999 el 98% de los créditos de vivienda fueron otorgados por
organismos públicos (Infonavit y Fovi).
En el sexenio del presidente Ernesto Zedillo Ponce de
León la política nacional de vivienda se orientó a impulsar los sectores
sociales y privados para la producción y comercialización de la vivienda, a que
los derechohabientes o población vulnerable beneficiada se convierta en un
sujeto de crédito …”que concurra a un mercado que ofrezca la mayor cantidad
de opciones en ubicación, calidad y precio, y se capitalice para acceder a
tantas viviendas sucesivas como sus necesidades vitales lo vayan requiriendo. Por
su parte, para el promotor de vivienda, este esquema alienta las condiciones
para que la edificación habitacional sea una actividad productiva y rentable,
de manera que el sector asuma su papel de motor de la economía”
En el gobierno del presidente Vicente Fox Quezada se
reconoce la tendencia de urbanización a nivel mundial determinada por la ONU,
la cual estimaba que más del 75% de la población tendería a vivir en ciudades
urbanas y 25% en el campo, además se identificaba que la mayor concentración de
la población en condiciones de pobreza se concentraba en las grandes ciudades.
En México la dispersión de la población rural se manifestaba en el crecimiento
del número de localidades, en 1980, el 33.8% de la población radicaba en 123
mil asentamientos de menos de 2,500 habitantes; para el 2000, solamente el
25.4% de la población radicaba en 196 mil asentamientos menores de 2,500
habitantes.
Con la finalidad de reestructurar el FOVI, segunda
institución más importante en el otorgamiento de créditos de vivienda social,
en febrero de 1999 el gobierno mexicano obtuvo un financiamiento del Banco
Mundial por 5,126 millones de pesos, por lo que de manera obligatoria se
instituyo el Fideicomiso de Cobertura para la Vivienda (FICOVI), además en
julio del 2001 se ajustaron las tasas hipotecarias de los programas de vivienda
B, siendo los Certificados de Tesorería (cetes) la base para su conformación,
la institución se transformó en la Sociedad Hipotecaria Federal (SHF).
Los recursos derivados del financiamiento del Banco
Mundial, promovió que México se adhiriera al “enfoque de habilitación plus” el
cuál integra los siguientes elementos:
·
Apoyo para el desarrollo de un marco institucional y de
política para el desarrollo urbano y habitacional que integra a distintos
actores.
·
Un rol más significativo del sector privado y de los
proveedores comunitarios.
·
Apoyo para ampliar
e impulsar los sistemas financieros para la vivienda a través de una variedad
de productos, como el seguro hipotecario y la estandarización de la
titularización de hipotecas.
·
Una transición de
los subsidios con tasas de interés implícitas a subsidios directos con base en
la demanda.
·
Un incremento de la oferta de suelo urbano para vivienda
popular.
·
La integración
plena de la reducción del riesgo en la planificación urbana.
·
La integración y
un mayor dimensionamiento del mejoramiento urbano dentro de la planificación
integral de la ciudad y del proceso de financiamiento.
·
Fortalecimiento de
la capacidad de los gobiernos locales en áreas tales como ordenamiento
territorial, la regulación y zonificación.
Durante el sexenio del presidente Vicente Fox Quezada la política pública
de vivienda social o popular redujo los diferentes tipos de vivienda popular,
de 15 diferentes especificaciones quedaron 5 grandes dimensiones: la
básica (ingresos no mayores a 3 salarios mínimos) que representaba el
72.5% de la demanda, la social (3 a 5 SM) con una participación de 14.9%, la
económica con un 8.5% (de 5 a 10 SM), media, media alta y residencial (mayor
a 10 SM) con un 4.1%.
En julio del 2001 se crea la Comisión Nacional de Fomento
a la Vivienda (CONAFOVI), organismo dependiente de la Secretaría de desarrollo
Agrario, cuya función es otorgar subsidios a todas las personas que habiten en
México, en especial las personas con discapacidad, gente con alto índice de
marginación y poblaciones indígenas. En el 2006 cambia su denominación a CONAVI
y el 27 de junio del 2006 se promulga la ley de Vivienda.
En el sexenio del presidente Felipe Calderón (2007-2012)
se dio continuidad a la política expansiva de vivienda, en la que se privilegió
el acceso al financiamiento, con énfasis en las zonas urbanas, se estimaba que
de las 55 regiones metropolitanas que concentraban el 53% de la población y el
70% del PIB, en la mitad de ellas estaba se concentraba el 70% de los
habitantes en asentamientos con un alto y muy alto grado de marginación y con
carencia de servicios básicos.
Se crea el programa de Hipoteca Verde, el premio de
Vivienda, el Sistema de Indicadores de vivienda, se impulsan lo
cofinanciamientos.
El presidente Enrique Peña Nieto el 11 de febrero del
2013 presenta una política de vivienda, que tiende a romper las premisas
básicas de la política expansiva que se siguió sexenios anteriores, el modelo
buscaba promover el desarrollo ordenado y sustentable del
sector, a mejorar y regularizar la vivienda urbana;
así como construir y mejorar la vivienda rural mediante las siguientes 4 estrategias;
mejorar la
coordinación institucional, instrumentar un modelo de desarrollo urbano
sustentable e inteligente, disminuir el rezago en vivienda y procurar la
vivienda digna. En la exposición de motivos de la política de vivienda se
enfatiza el postulado sobre el enfoque de la vivienda, la cual se ha diseñado
pensando en los hogares nucleares, sin considerar que las estructuras de los
hogares han cambiado, así mismo se exponen un análisis sobre diferentes
alternativas de solución (vivienda nueva, alquilada, prestada o vivienda, mejoras)
y se visibiliza el fenómeno creciente de la vivienda deshabitada. Como objetivo
se establece generar un entorno adecuado para impulsar el desarrollo de una
vivienda digna, por lo que aplica 5 estrategias: controlar la mancha urbana,
mejorar la calidad de vivienda rural y urbana y atender su déficit,
diversificar las soluciones, generar esquemas óptimos de financiamiento y
subsidios, mejorar la coordinación interinstitucional y de los 3 niveles
(Federal, estatal y municipal) y generar información.
La nueva política de vivienda repercutió en los mercados
bursátiles, algunas edificadoras importantes del país como Urbi, Geo, Homex y
Ara reportaron caídas en el precio de sus acciones del 6.05% al 3.13%, y el
índice Habita se ubicó en 202.38 puntos lo que representa una disminución del
3.9%
En el 2015 el 1.5% de las viviendas de propiedad se
realizaron mediante programas gubernamentales, de acuerdo con la tipología de
vivienda 16.7% comparten terreno con otras viviendas; 5% son departamentos en
edificios; 2.1% son casas dúplex, triple o cuádruple; 1.7% son parte de una
vecindad o cuartería; y 0.1% son cuartos en azotea de un edificio, el 90% de
las viviendas tienen un cuarto para cocinar.
La política de vivienda social, durante el modelo
económico neoliberal, se fundamento en la definición de una problemática
orientada a visibilizar el rezago en la vivienda, las necesidades de vivienda,
haciendo hincapié en acciones específicas orientadas a incrementar la cartera
de créditos para población de 5 o más salarios y para los excluidos, acciones
de autoproducción de vivienda, entrega de materiales y el acceso a servicios
básicos; sin embargo las causas de la exclusión residencial, el incremento en
el abandono de viviendas y las nuevas estructuras familiares y sus necesidades
no han sido expuestas como parte del problema, como señala Correa (2014) en la
década del 2002 al 2012 se privilegió el desarrollo económico impulsando el
mercado inmobiliario con financiamiento y subsidios de vivienda, sin importar
si la oferta de vivienda cumplía los criterios de vivienda digna; por otro lado
11 años después las aportaciones de Espinosa (2023) son contundentes al señalar
que: El desarrollo de las viviendas sociales
no fue un acto generoso de ningún gobierno, sino una de las tácticas para
incorporar a los trabajadores a un proyecto
de sociedad… reduciendo al mínimo
su preocupación por apoyar a los ciudadanos en condiciones de vulnerabilidad.
La política de
vivienda popular instrumentada mediante el Infonavit, logro otorgar de manera inicial
88,000 créditos para la edificación, al cierre de diciembre de 2020, la
institución reportaba una cartera total de 6.3 millones de créditos, de los
cuales 5.4 millones se encuentran en el balance del Instituto. Esto corresponde
a una cartera en saldos de 1.8 billones de pesos del portafolio administrado,
de los cuales 1.5 billones son recursos propios del Instituto
Gráfica 1
Fuente: Elaboración propia en base a Informes de actividades del INFONAVIT
1972-2020.
Desde los noventa hasta la actualidad, el Banco Mundial
se ha encargado de promover en México una oferta y demanda de vivienda más
eficiente, otorgando recursos financieros para financiar programas de
modernización del registro de la propiedad y el desarrollo de atlas globales de
riesgo de las ciudades. En un estudio sobre el impacto del financiamiento del
Banco Mundial en el mercado de Vivienda en México se concluyó que los créditos
que el Banco Mundial ha otorgado al gobierno federal mexicano para apoyar sus
programas de vivienda y desarrollo urbano supone de manera inevitable otras
obligaciones entre las que se encuentran las de tipo moral, jurídico y
político, ya que las cláusulas obligatorias que acompañaron a los créditos se
tradujo en la imposición de planes de
ajuste, abandono de programas o, más aún, en la obligación de llevar a cabo un
replanteamiento profundo de las estrategias económicas, políticas y sociales.
La Corporación Financiera Internacional (CFI) fue
coparticipe de una política expansiva de vivienda, ya que mediante su apoyo
se desarrollaron mercados hipotecarios
mediante facilidades de deuda en moneda local para originadores importantes del
sector, incluyendo Su Casita, Hipotecaria Nacional e Hipotecaria Crédito y Casa promoviendo líneas de crédito con
garantía en activos hipotecarios en apoyo de la titularización de hipotecas y
otros títulos del mercado de capitales; también respalda el desarrollo de un
mercado hipotecario secundario viable
Del análisis sintético del diseño de
las políticas de vivienda, en los sexenios analizados se reconoce la
importancia de generar políticas para los que menos tienen, sin embargo en el
proceso de instrumentación, las acciones continuaron priorizando los segmentos
de mercado habitacional con mayor rentabilidad y que representaban menores
desafíos, sin embargo la escases de estudios de zonas de riesgo, facilito la
edificación de viviendas en lugares que no cumplían los principios de
accesibilidad, asequibilidad, ubicación y habitabilidad. Si bien es cierto, como se mencionó, el Banco
Mundial promovió el desarrollo del Atlas de Riesgo en las entidades
municipales, en México al 2022, de acuerdo a la información disponible del
Centro Nacional de Prevención de desastres (CENAPRED), de los 1956 municipios
del país solamente 504 (26%) cuentan con su Atlas de riesgo, Ciudad de México
es el único estado que cuenta con el 100% de los municipios con atlas, el 9.67%
de los estados cuentan con 80% de los municipios con atlas, 15.6% con el 65 al
73% de sus municipios, el 53% de los Estados reportan un avance menor en la
cobertura de atlas municipal por debajo del total de la media (26%).
Considerando que el atlas de riesgo municipal es un instrumento fundamental
para la planeación territorial a largo plazo, los avances que se han tenido son
heterogéneos y muestran una baja cultura de prevención del riesgo que es
fundamental para reducir las afectaciones en vivienda por la presentación de un
desastre natural lo que evidencia una debilidad en el proceso de formulación,
diseño e implementación de la política de vivienda, lo que promueve que los
edificadores de vivienda y los individuos que obtén por la autoproducción de
hogares al buscar precios baratos de terreno seleccionen terrenos en zonas de
riesgo, que incrementen la probabilidad de afectaciones ante la presencia de un
fenómeno perturbador, a largo plazo genera asentamientos en zonas de riesgo que
representaran un rezago en vivienda, los estados más vulnerables ante la presencia
de los fenómenos perturbadores son Chiapas, Jalisco, Nuevo León, Quintana Roo,
Michoacán, Veracruz y Ciudad de México, a excepción de México y Quintana Roo,
los demás presentan un grado bajo de municipios con atlas de riesgo.
Gráfico 2
Municipios con atlas
según Entidad Estatal
Fuente: Elaboración
propia en base a la información CENAPRED. Disponible en:
http://www.atlasnacionalderiesgos.gob.mx/archivo/cob-atlas-municipales.html
Si existiera una mejor planificación urbana la tasa de
abandono de vivienda tendería a disminuir, sin embargo, en los últimos 15 años
la tasa ha variado en .53%, es decir en el 2005 de cada 100 casas, 15 se
encontraban deshabitadas, al 2020 era, 14.5; se observa que los Estados que
lograron disminuir su rezago en vivienda (ver gráfica 3), en Hidalgo y Oaxaca
incrementaron la tasa de abandono, y en Zacatecas y Michoacán la tasa continua por encima de la media, en
el caso de Baja California que incremento su rezago la tasa de abandono es
menor a la media y es una de las que alcanzo una mayor disminución en el rezago
de un período a otro.
Gráfica 3
Tendencia de la vivienda
en abandono en México
Fuente: Elaboración
propia en base a Sistema Nacional de Vivienda
Para analizar la accesibilidad económica de la vivienda
según los resultados del Coneval en su informe de evaluación del Derecho a la
Vivienda digna
Analizando el comportamiento de los créditos y subsidios
otorgados según valor de la vivienda y el género, se puede identificar que en
el 2018 la brecha de financiamiento en el valor de la vivienda económica
beneficio en mayor medida a los hombres que las mujeres, siendo de -24 la
brecha siendo que en el 2013 se beneficiaban en ese tipo de vivienda a más
mujeres que hombres. Para los casos de vivienda popular, tradicional, media y
residencial la brecha fue de -22 a -6 reduciéndose en función al valor de la vivienda,
es decir entre mayor valor de la vivienda que implica un mayor ingreso la
brecha tienen de disminuir, sin embargo, en el nivel máximo Residencial plus la
brecha es de -16.
Tabla 2
Brecha de género
según financiamiento por valor de la vivienda
|
Valor
de la Vivienda |
2018 |
2013 |
||
|
Hombre |
Mujer |
Hombre |
Mujer |
|
|
Económica |
62% |
37.92% |
47% |
53% |
|
Popular |
61% |
39.10% |
60% |
40% |
|
Tradicional |
57% |
43.27% |
56% |
44% |
|
Media |
53% |
46.55% |
41% |
59% |
|
Residencial |
53% |
47.05% |
54% |
46% |
|
Residencial
plus |
58% |
42.46% |
59% |
41% |
Fuente: Elaboración
propia en base a información del Sistema Nacional de Vivienda y el Sistema
Hipotecario Nacional.
Del total de créditos y subsidios otorgados en el 2018 el
25% se destinó a la vivienda económica, 20.9% a la popular, 23.9 a la
tradicional, y el 30.1% a media, residencial y residencial plus, desde la
perspectiva de género del total de créditos y subsidios otorgados en dicho
período el 9.51% se destinó a las mujeres en vivienda económica, 8.56% en
vivienda popular y 10.33% en tradicional.
De acuerdo al destino del monto financiado según valor de
la vivienda y género femenino los financiamientos para la compra de vivienda
nueva, la vivienda popular es la de mayor concentración con un 51.95%, mientras
que en la vivienda económica, solo se destinó el .78%; en cuanto al ingreso
medio para adquirir vivienda económica, este incremento del 2013 al 2018 en
44.22% y 3.6% en popular, mientras que
la tradicional decremento en 18.39%, el monto medio del crédito fue menor en el
2018 para la económica y popular y mayor en la tradicional. Con lo que respecta
a la nueva vivienda desde el género masculino, la popular y la tradicional con
respecto al 2013 disminuyeron su concentración en la aplicación del
financiamiento a vivienda nueva disminuyendo de 51.99 a 43.91% y de 43% a
42.63%, y con lo que respecta a la económica la disminución fue de 14.92% a
2.32%, la media de ingreso aumento del 85 al 100% en la económica y popular y
9% en la tradicional.
Tabla 3
Concentración del destino del financiamiento para
vivienda nueva según género y valor de la vivienda
|
2018 |
2013 |
|||||
|
VIVIENDA MUJERES |
Part. |
μ Ingreso medio (UMA) |
μ Monto medio (Mx) |
Part. |
μ Ingreso medio (UMA) |
μ Monto medio (Mx) |
|
Económica |
0.78% |
2.87 |
$ 358,329. 9 |
13.49% |
1.99 |
$ 458,247.00 |
|
Popular |
51.95% |
1.98 |
$
1,240,926.13 |
53.94% |
1.91 |
$
1,407,559.00 |
|
Tradicional |
34.36% |
3.15 |
$ 905,866.97 |
46.97% |
3.86 |
$ 697,094.90 |
|
Vivienda hombres |
Part. |
μ Ingreso medio (UMA) |
μ Monto medio (Mx) |
Part. |
μ Ingreso medio (UMA) |
μ Monto medio (Mx) |
|
Económica |
2.32% |
2.33 |
$ 356,059.87 |
14.92% |
1.16 |
$
492,024.53 |
|
Popular |
46.91% |
2.28 |
$
1,680,080.83 |
51.99% |
1.95 |
$ 1,997,745.20 |
|
Tradicional |
42.63% |
3.60 |
$ 884,795.93 |
43% |
3.3 |
$
676,105.24 |
Fuente: Elaboración propia en base a información del
sistema nacional de vivienda.
La base de la formulación de la planificación de la
Política se orientó a disminuir el rezago en materia de vivienda[4]
priorizando a los grupos vulnerables, aquellos con ingresos menores de 5
salarios. Los resultados obtenidos al 2022 muestran que de acuerdo con cifras
del Sistema Nacional de Vivienda de los 2469 municipio
en promedio el 43.21% tiene rezago del 100 al 50% en sus viviendas, y el 46.29%
igual o menor a la media de rezago Nacional. (ver tabla 1 y tabla 2).
Tabla 4
Media de rezago en vivienda según Municipios de México al
2022
|
Rango |
Total de
Municipios |
Media de rezago µ |
Desviación (ṝ) |
|
100-90% |
179 |
94.8% |
0.031 |
|
80-89% |
208 |
84.6% |
0.029 |
|
70-79% |
224 |
75.1% |
0.028 |
|
60-69% |
207 |
65.1% |
0.029 |
|
50-59% |
249 |
55.0% |
0.029 |
|
40-49% |
259 |
45.1% |
0.097 |
|
30-39% |
319 |
34.9% |
0.029 |
|
20-29% |
349 |
25.2% |
0.029 |
|
10-19% |
281 |
14.9% |
0.030 |
|
0-9% |
194 |
6.5% |
0.022 |
|
TOTAL
POBLACION |
2469 |
46.83% |
0.271 |
Fuente: Elaboración
Propia en base al Sistema de Información Nacional de Vivienda
A nivel estatal la política de vivienda de 1990 al 2020
generó condiciones para disminuir el rezago medio de vivienda de los municipios
y estados, la media paso de 69% al 39%, no obstante, la brecha no se redujo de
manera homogénea, mientras que estados como Yucatán y Zacatecas lograron
reducirla en 53 y 48% respectivamente, en Chihuahua y Campeche se redujo 1% y
en Baja California la media de rezago incremento en 4.9%, si consideramos que
en 30 años el rezago fue abatido en promedio 1% anual, lo que implica poco más
de 100,000 acciones en vivienda anuales y se planteaba como acción estratégica
mejorar los mecanismos de coordinación entre las entidades federales, estatales
y municipales (INFONAVIT, FOVISSTE, FOVI, SEDATU, FONHAPO, BANOBRAS), esta no
se dio de manera heterogénea y focalizada, ya que estados con un alta media de
rezago social, lograron resultados poco significativos en la aplicación de la política,
la cual fue poco consistente con el objetivo de priorizar los grupos más
pobres.
Tabla 5
Rezago Media de
Vivienda de 1990 y 2020 por Estado
|
ESTADO |
Media de rezago µ 1990 |
Media de rezago µ 2020 |
Media
Disminución de la brecha de rezago µ |
Desviación estándar |
|
Aguascalientes |
42.46% |
12.31% |
-30.15% |
0.27866155 |
|
Baja california |
52.3% |
57.2% |
4.9% |
0.51685186 |
|
Baja california sur |
53.21% |
38.37% |
-14.84% |
0.37776691 |
|
Campeche |
61.4% |
60.4% |
-1.0% |
0.56079778 |
|
Coahuila |
60.4% |
27.5% |
-32.9% |
0.16506316 |
|
Colima |
68.52% |
36.02% |
-32.50% |
0.09106503 |
|
Chiapas |
85.43% |
80.22% |
-5.21% |
0.32391541 |
|
Chihuahua |
84.00% |
82.86% |
-1.14% |
0.18972129 |
|
Ciudad de
México |
29.76% |
9.20% |
-20.56% |
0.08478393 |
|
Durango |
84.68% |
50.16% |
-34.52% |
0.21299624 |
|
Guanajuato |
73.57% |
22.87% |
-50.70% |
0.0977162 |
|
Guerrero |
85.23% |
62.61% |
-22.62% |
0.32184147 |
|
Hidalgo |
77.09% |
28.64% |
-48.44% |
0.11385459 |
|
Jalisco |
65.53% |
25.86% |
-39.67% |
0.09266451 |
|
México |
66.03% |
23.47% |
-42.56% |
0.16518281 |
|
Michoacán |
80.47% |
39.17% |
-41.29% |
0.1496524 |
|
Morelos |
69.93% |
27.68% |
-42.24% |
0.15738686 |
|
Nayarit |
69.07% |
31.13% |
-37.94% |
0.10593897 |
|
Nuevo León |
56.61% |
24.61% |
-32.00% |
0.26966165 |
|
Oaxaca |
93.59% |
61.93% |
-31.66% |
0.17487885 |
|
Puebla |
86.26% |
39.98% |
-46.29% |
0.22546308 |
|
Querétaro |
78.39% |
25.93% |
-52.46% |
0.10974423 |
|
Quintana Roo |
45.41% |
30.78% |
-14.63% |
0.34052177 |
|
San Luis Potosí |
75.18% |
41.32% |
-33.86% |
0.19856476 |
|
Sinaloa |
59.23% |
20.91% |
-38.31% |
0.17862805 |
|
Sonora |
82.44% |
73.31% |
-9.12% |
0.17837302 |
|
Tabasco |
86.13% |
70.19% |
-15.94% |
0.09821941 |
|
Tamaulipas |
72.03% |
35.37% |
-36.67% |
0.11249454 |
|
Tlaxcala |
48.59% |
12.86% |
-35.73% |
0.35098937 |
|
Veracruz |
82.77% |
58.24% |
-24.53% |
0.21829519 |
|
Yucatán |
85.69% |
32.31% |
-53.38% |
0.243045 |
|
Zacatecas |
67.88% |
21.70% |
-46.19% |
0.21370367 |
Fuente: Elaboración
propia en base al Sistema de Información Nacional de Vivienda 2022.
De la prueba de hipótesis los resultados
arrojados en el modelo de regresión identificados en dos tiempos al 2013 donde
se da por finalizada la política expansiva de vivienda y al 2018 una política
que exploraba distintas soluciones de vivienda establecida por el presidente
Enrique Peña Nieto.
De acuerdo al cuadro 2 se puede determinar
que la política de vivienda al 2013 tenía una correlación entre las variables
independientes y las dependientes del 65.65% pero solo eran explicativas de los
resultados en un 43%, mientras que al instrumentar una política de vivienda
con diferentes soluciones muestra una
disminución en la relación de resultados siendo del 62.91% y una determinación
o explicación del valor de la vivienda con respecto a las variables explicativas
de 39.5%; de igual forma ambas políticas no han sido efectivas en dar una
solución al problema de vivienda.
Cuadro 2
Resultados del análisis
multivariante: regresión
|
Estadísticas
de la regresión |
2018 |
2013 |
||
|
Coeficiente de correlación múltiple |
0.62912085 |
0.65646579 |
||
|
Coeficiente de determinación R^2 |
0.39579304 |
0.43094733 |
||
|
R^2 ajustado |
0.39577594 |
0.43091161 |
||
|
Error típico |
1.05277785 |
0.76969377 |
||
|
Observaciones |
317919 |
143391 |
||
|
Valor crítico
de F |
0 |
0 |
||
|
2018 |
2013 |
|||
|
|
Coeficientes |
Error típico |
Coeficientes |
Error típico |
|
Intercepción |
1.1825669 |
0.01200611 |
1.52986761 |
0.01311678 |
|
Variable X 1 |
-0.03124495 |
0.0016446 |
-0.06448187 |
0.00097832 |
|
Variable X 2 |
-0.05248308 |
0.00210286 |
0.02870586 |
0.00210872 |
|
Variable X 3 |
0.11576328 |
0.00131686 |
-0.08373549 |
0.00129179 |
|
Variable X 4 |
-0.32338029 |
0.00415454 |
0.38362997 |
0.00459286 |
|
Variable X 5 |
0.21874895 |
0.00380264 |
-0.00658024 |
0.00418565 |
|
Variable X 6 |
0.09813665 |
0.00381402 |
0.07319472 |
0.00433182 |
|
Variable X 7 |
0.37591981 |
0.00115784 |
0.26519238 |
0.00130933 |
|
Variable X 8 |
-0.01937927 |
0.00027052 |
-0.01385038 |
0.00035236 |
|
Variable X 9 |
1.1283E-07 |
7.7735E-10 |
5.8878E-08 |
1.8561E-09 |
Fuente:
Elaboración propia con los resultados de solver-análisis
de datos Excel
La garantía del derecho a una vivienda
adecuada implica reconocer que la producción de vivienda no puede estar
regida por las reglas del mercado sino, más bien, por la satisfacción de
una necesidad humana, la cual surge en función a las necesidades de los
individuos que conforman una familia y que cohabitan en tiempo y espacio, en
este sentido el teorema que fundamenta el Programa de Vivienda 2019-2024 del
Gobierno de Andrés Manuel López Obrador es válido, el programa tiene como
objetivo prioritario Garantizar el ejercicio del derecho a la vivienda
adecuada a todas las personas, especialmente a los grupos en mayor condición de
vulnerabilidad, a través de soluciones financieras, técnicas y sociales de
acuerdo con las necesidades específicas de cada grupo de población
El diario vivir de un
hogar nuclear es distinto al de un hogar monoparental y las necesidades se
modifican de acuerdo al género de la cabeza de la familia, la vivienda es evolutiva y dinámica, porque es una entidad ecológica
cuyo habitante está en proceso de desarrollo; la familia y los grupos humanos
van modificándose con el transcurrir del tiempo y sus requerimientos en cuanto
a calidad de vida también cambian, lo que hace necesario adecuar el hábitat que
lo cobija en mayor o menor grado
La política de vivienda diferenciada debe
reconocer que en México la tendencia de hogares con jefatura femenina (HJF) ha
incrementado, en el 2010 el promedio de HJF era de un 25% al 2020 representan
el 32.5%; 48.4% son económicamente activas, pero en promedio ganan 17% menos
que los encabezados por hombres. En el 82.99% de los HJF solo existe la
presencia de la mujer, en el 15.9% se tiene un ingreso del 16,246 y presencia
de 1 hijo, en el 41.6% habitan de 2 a 3 hijos y se obtienen ingresos por
12,063; en el 17% de los hogares se tienen 4 o más hijos y se obtienen ingresos
por 7775
La emergencia sanitaria causada por el
COVID-19 abrió la oportunidad de modificar la creencia entre la productividad
presencial y virtual, permitiendo ampliar las posibilidades de integración al
mercado laboral mediante el incremento de oficios o actividades que pueden
realizarse desde casa, la Universidad de Chicago, estima que en México
sólo el 25% de los trabajos se pueden realizar en casa, a comparación de
naciones más desarrolladas como Estados Unidos (37%) y Suiza y Reino Unidos
(ambos 40%)
El valor que una familia nuclear le da a
los espacios es diferente al de una familia monoparental, por la distribución
de los tiempos, los roles, las actividades; así como la necesidad de espacios
difiere de acuerdo al tipo de hogar, el acceso al financiamiento también, a
través ya que el ingreso de los hogares con jefatura femenina es menor al de
los hombres, tienen una menor presencia en el mercado formal de trabajo y su
gasto es mayor por el número de dependientes, en este sentido, es necesario
acompañar al diseño de una vivienda diferenciada un financiamiento o subsidio
que permita que la población sin distinción tenga la oportunidad de vivir
dignamente.
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[1] Doctora en Ciencia Administrativas con
Postdoctorado en Políticas Públicas para el Desarrollo Sustentable; Secretaria de Gestión Escolar, de la Universidad Autónoma de
Tamaulipas y Catedrática Investigador de la Facultad de Comercio y
Administración Victoria dependiente de la UAT; México, Política Publicas
Pobreza, bienestar, Desarrollo Sustentable, ailizaliturri@docentes.uat.edu.mx. https://orcid.org/0000-0002-2158-870X
[2] Doctora en Derecho con postdoctorado en Políticas
Públicas para el Desarrollo Sustentables; Catedrática Investigador; de la
Facultad de Derecho y Ciencias Sociales; Universidad Autónoma de Tamaulipas;
México, Políticas Públicas, Pobreza, Bienestar y Desarrollo Sustentable y lgracian@docentes.uat.edu.mx. https://orcid.org/0000-0001-8096-8166.
[3] Doctor en Strategic
Planning and Technology Management; Coordinador de Carrera de Licenciado en
Tecnologías de la Información, Facultad de Comercio y Administración Victoria,
Universidad Autónoma de Tamaulipas, México, ghaces@docentes.uat.edu.mx. https://orcid.org/0000-0001-9665-281X
[4] El CONAVI la considera como aquellas casas
construidas con materiales constructivos en deterioro (lámina de cartón,
carrizo, bambú, palma, embarro, material de desecho, palma o paja), regulares
(lámina metálica, asbesto o madera, tejamanil y piso de tierra), hacinamiento
(relación de habitantes y cuartos mayor a 2.5), y las que no cuenta con
excusados