Integrity,
strong institutions and transparency within the
framework of the Sustainable Development Goal 16
Felipe de Jesús, Balderas-Sánchez[1]
Resumen
La corrupción se ha complicado tanto en la
sociedad mundial, que una buena parte de los acuerdos y convenios internacionales
la incluyen dentro de sus decálogos como un problema que hay que combatir. En
esta realidad, las instituciones en el marco de los Objetivos de Desarrollo
Sostenible juegan un papel preponderante, pues constituyen una oportunidad para
cambiar el rumbo de la sociedad mundial. El número que corresponde al objetivo
de “Paz, justicia e instituciones sólidas”, es de particular relevancia; pues
supone la creación y el afianzamiento de organizaciones íntegras y sólidas, en
las que la transparencia, la rendición de cuentas y el acceso a la información
juegan un papel fundamental donde la integridad se convierte en la virtud
central y el fundamento del desarrollo sostenible. La cuestión es simple, si
vivimos en una sociedad injusta, es porque hay instituciones que tienen esas
mismas características. La práctica de la transparencia y la información
accesible, juegan un papel fundamental.
Palabras clave: instituciones,
integridad, transparencia, rendición de cuentas.
Abstract
Corruption has become so complicated in world society
that a good part of the international agreements and conventions include it
within their decalogues as a problema that must be
combated. In this reality, the institutions within the framework of the
Sustainable Development Goals play a preponderant rol, since they constitute
an opportunity to change the course of worl society.
The number that corresponds to the objective of “Peace, justice and solid
institutions” is of particular relevance; since it
supposes the creation and consolidation of upright and solid organizations, in which
transparency, accountability and Access to information play fundamental role
sustainable development. The question is simple, if we live in an unjust
society, it is because there are institutions that have those same
characteristics. The practice of transparency and accessible information play a
fundamental role.
Keywords:
institutions, integrity, transparency, accountability.
Códigos JEL: A13, B31, F55
Introducción
El modernismo con su idea de transformar la
sociedad a través de la razón, el orden y el progreso buscó acabar con la
ignorancia, la superstición, las enfermedades, la pobreza y las guerras. Lamentablemente
ocurrió todo lo contrario. El final de este tiempo representa el comienzo de la
era en la que hoy vivimos, el posmodernismo.
Esta época se convirtió en el final de las
grandes verdades, del desencanto, el cuestionamiento de todo, la cultura del
úsese y tírese, la aparición del nihilismo, el pansexualismo, el hedonismo, la
sociedad de consumo, el relativismo moral, el individualismo y el divorcio
entre lo que se dice y lo que se hace.
Con el posmodernismo apareció un
nuevo modelo económico, que tiempo después se convirtió en un nuevo modelo
social y que se extendió no sólo al ámbito de lo político, sino a todas las
dimensiones humanas, colocando los valores económicos como la órbita alrededor
de la cual giran todas las actividades humanas.
Ante esta
realidad, los criterios de éxito, felicidad, legalidad y justicia – aunque
sabemos que no es así – comenzaron a depender más del poder, la riqueza, el
prestigio y la fama – los valores externos – y pasaron a un lado las
convicciones, los principios, los ideales universalizables – los bienes
internos – complicándolo todo. La priorización de los bienes externos, por
encima de los internos, trajo consigo lo que hoy se volvió tan ordinario, no sólo
en nuestro país, sino también en la mayoría de las sociedades: la codicia y la
corrupción.
El tema se ha
complicado tanto en la sociedad mundial, que una buena parte de los acuerdos y
convenios internacionales la incluyen dentro de sus decálogos como algo que hay
que combatir, apelando al deber ser de las organizaciones, las profesiones y de
las sociedades particulares. México no es la excepción.
Nuestro país
en 1995 se sumó a la lista de países de Transparencia Internacional (TI),
organización que mide los niveles de corrupción en el mundo. En su momento sólo
la componían 41 países, al momento se han sumado 180. En ese año – mientras
llegaba el final de un sexenio controversial; donde los magnicidios y la
corrupción a grande escala se instalaron como una costumbre cotidiana – apareció
en el lugar 32.
En el
siguiente sexenio, 1994-2000, ya no sólo crece la corrupción, sino también la
impunidad y el presidente en turno entrega el país en el lugar 57 de 102, pues el
número de países adheridos había crecido. Con la transición se esperaba que las
cosas cambiaran; sin embargo, en 2006 el presidente Vicente Fox, entrega el
país a su homólogo panista Felipe Calderón, en el lugar 70 de 163 países. En el
Informe 2023, del Índice de Transparencia Internacional: Dinamarca, Finlandia, Nueva Zelanda, Noruega y Singapur lideran la lista.
En los
siguientes 6 años, con una sociedad convulsionada por la violencia, los
asesinatos y los atentados constantes en contra de la dignidad humana, el país
llegó al lugar 105 de 174. En 2018, Enrique Peña Nieto, quien había ganado los
comicios en 2012, dejaba la sociedad mexicana en el lugar
138, que a diferencia de los 42 países con los que comenzó ahora ya lo
conformaban 180. En 2023, al momento de esta investigación, México se encuentra
en el lugar 126 de 180 países que hoy conforman Transparencia Internacional.
Hoy se requiere, un retorno a las
premisas básicas del deber ser, donde la integridad, la honestidad, la
responsabilidad, la transparencia y la rendición de cuentas; virtudes y valores
esenciales de los seres humanos, sean las variables que se reflejen en el
accionar de las instituciones y organizaciones mexicanas en el entendido de que
como afirma John Rawls (1997): si vivimos en sociedades injustas, es porque hay
instituciones son injustas.
Así, en la presente búsqueda profundizaremos
en la relación que existe entre la integridad, movimiento contrario a la
corrupción y la propuesta que hacen los Objetivos del Desarrollo Sostenible
(ODS) en el número 16, que tiene como intención promover sociedades pacíficas e
inclusivas y proveer acceso a la justicia para todos construyendo instituciones
eficaces y responsables en todos los niveles.
Etiología de la corrupción
La corrupción, como otras grandes
patologías sociales, tiene causas multifactoriales. Stephen Morris (1992), en
su libro Corrupción y Política en el
México Contemporáneo, afirma que las causas de la corrupción son de tres
tipos. La primera es la falta de una clara delimitación entre lo público y lo
privado. La segunda son las causas culturales donde la existencia de una amplia
tolerancia social hacia el goce de privilegios privados permite que prevalezca
una moralidad del lucro privado sobre la moralidad cívica. Y la tercera son las
distintas brechas existentes entre el orden jurídico y el orden social vigente.
Se añadiría aquí, la desconfianza
generalizada que el sistema político mexicano y sus prácticas en lo público y
en lo privado ha promovido y permitido, impulsando otra de las grandes
prácticas y costumbres a erradicar que se da a lo largo y a lo ancho de nuestro
país, la impunidad, que como afirma la Comisión Mexicana de
Defensa y Promoción de los Derechos Humanos (2023), es la consecuencia de la falta de
investigación y castigo de quienes cometen delitos y
violaciones a derechos humanos.
Lo público y lo privado
¿Dónde termina lo privado y donde
comienza lo público? Es la pregunta que siempre ésta en la mesa de discusión. En la esfera de lo privado, la persona vive
hacia dentro sus relaciones familiares, religiosas y morales; de ningún modo se
pueden imponer a los demás, aunque sí los impactan fuertemente. Lo privado se
vuelve público cuando están de por medio terceros que son impactados por
nuestras costumbres o formas de vida, en muchos casos se pasa de lo moral a lo
legal. Cuando lo privado pone en riesgo lo público el garante del equilibrio es
la ley. La frontera de lo privado es el otro y la complicación de sus derechos,
intereses y oportunidades. En síntesis, cuando se lesionan los intereses de los
demás.
Hanna Arendt
(2005), comenta que la esfera pública está basada en la igualdad y en la
universalidad de la ley, mientras que la esfera privada está basada en la
particularidad. En ese sentido, lo público tiene que ver con todo aquello que
se da en el marco del escenario que es de todos. Es un ámbito heterogéneo donde
todos piensan, sienten, miran y actúan distinto, por tanto, el respeto, la
tolerancia y el diálogo son fundamentales.
El problema se
encuentra en la confusión que existe en la sociedad, donde las personas no
distinguimos ni fines, ni medios; y en muchos de los casos la máxima
maquiavélica de el fin justifica los medios está a la base de las
acciones. Lo ideal sería atender lo que nos propone la Crítica de la Razón
Práctica donde se afirma que (…) todo ser racional, existe como sí en
sí mismo, no meramente como medio para el uso o discreción de esta o aquella
voluntad, sino que tiene que ser considerado en todas sus acciones, tanto en
las dirigidas a sí mismo como también en las dirigidas a otros seres racionales
siempre a la vez como fin (Kant, 1999: p. 173).
El punto neural se encuentra justo en eso,
donde una buena parte de los ciudadanos en nuestro país no distingue lo público de lo privado:
(…) el doble discurso, la simulación,
el ansia de tener, la falta de sentido de trascendencia, la confusión entre
fines y medios, un marco legal adecuado que garantice la hegemonía de la
justicia, el pensar que todo en la vida es negocio y dinero, la falta de una
cultura de legalidad diáfana, la desconfianza generalizada, el abuso, la
impunidad, el compadrazgo, el clientelismo, el nepotismo, el tráfico de
influencias, el soborno, la utilización indebida de la información, la ambición
desmedida, la desfachatez, el abuso, la impunidad, el tráfico de influencia,
los conflictos de intereses, el peculado y por supuesto el robo de
combustibles, son los efectos de no distinguir entre ambas esferas (Balderas,
2017: p.2).
Michel Waltzer
(2001), en su libro Las Esferas de la
Justicia afirma que el problema de la injusticia en los últimos tiempos se
ha dado porque en la mayor parte en la que se pone en juego el espacio de lo
público una esfera invade a la otra y, por lo tanto, se complica la
distribución social. Cuando
los políticos dejaron de lado el liberalismo político y asumieron como
prototipo de gobierno el modelo de libre mercado, la sociedad se desequilibró,
la desigualdad apareció y la pobreza se agudizó. Al grito de más economía y
menos sociedad, se privilegió al mercado por encima de la justicia. Ahora bien,
el problema no es el mercado, es el darwinismo social.
La
realidad contemporánea que vivimos en la esfera económica se da a partir de que
el interés personal se pervierte, luego se parcializa y finalmente se utiliza
en favor de él o de los interesados, de tal forma, que la ley deja ser garante
del equilibrio social. Es decir, quienes realizan negocios, lo hacen para
obtener utilidad que es parte de la esencia, pero esto ha redundado en un
acaparamiento de bienes donde se ha perdido de vista el sentido comunitario. La
afirmación de Connil en este apartado es contundente:
(…) La ley la responsabilidad social preceden al
<<mercado>>, por tanto, la economía sólo tiene sentido dentro de un
contexto político, social e institucional, con trasfondo moral. De ahí que la
nueva concepción smithiana de la economía se presente
como Economía Política, ya que es
consciente de la enorme trascendencia que tiene para el desarrollo de los
individuos y de sus vínculos sociales; y por eso se trata de una economía no
separada de su responsabilidad social, sino interesada en aumentar la libertad
y el bienestar de los ciudadanos (Connil, 2009: p.
26).
La clave, por
lo tanto – para diferenciar lo público y lo privado –, se encuentra en la falta
de fidelidad a los acuerdos y a las normativas establecidas. La coherencia
entre lo que se piensa, se dice y se hace, en este orden de ideas, asume una
gran relevancia.
Las
causas culturales
Cuando los
españoles llegaron a Mesoamérica, una vez que se da la Conquista, buscaron
borrar todo vestigio de cultura, costumbres, cosmovisión, idioma, conocimientos
científicos, educación, la medicina, las leyes, las instituciones, las normas
sociales y su organización, las tradiciones, los hábitos alimentarios, el
vestido, los espacios físicos, el arte y la religión.
Según De las Casas
(1992), Hernán Cortés suplanta a Quetzalcóatl y se fragua la idea de la
ausencia del alma de los conquistados, lo cual permite el saqueo y la
dominación sistemática que se dirime en la famosa Controversia de Valladolid en
1551, donde se afirma la tutela necesaria, que deberían de tener los
conquistados con relación a los conquistadores.
La conquista de
México fue una invasión injustificada y un flagrante despojo porque los
españoles usaron la ley, la autoridad y las instituciones a su conveniencia y
para su beneficio personal[2].
La obsesión de la riqueza a toda costa propició la corrupción de los cimientos
y las estructuras de la Nueva España. Las bases de la nueva sociedad carecieron
de un sólido cimiento moral y ético. Ante esta situación, los pueblos indígenas
vieron en la corrupción una manera de mantener de alguna forma, vivas sus
tradiciones y costumbres, y por la otra de, literalmente, sobrevivir. De ahí la
mentira constante, la alabanza al patroncito y la simulación que les trajo
algunos beneficios.
La única forma de
hacerse valer en la Nueva España era a través de regalos, de los sobornos y de
las dádivas. Los antiguos mexicanos, como dirá Miguel León Portilla (2005),
golpeados y estoicos por su condición mantuvieron una actitud sumisa. El indio,
es ladino, cínico y hasta mentiroso cuando se requiere. Puede negociar con la
autoridad, las instituciones y las leyes manteniendo una doble actitud y, por
supuesto, como el español, un doble discurso, afirmará el autor.
Convenios
sociales, acuerdos establecidos, violación al Estado de Derecho, falta de
transparencia y una cultura de rendición de cuentas, son hábitos que no
adquirimos el siglo pasado y que hoy como parte de la cultura tenemos como
“costumbres”. Muchas taras sociales que provocan la corrupción tienen como
punto de partida el momento en el que nos conformamos como pueblo (Rosenmüller, 2021).
Las
brechas existentes entre el orden jurídico y el orden social vigente
Pensar que la
corrupción solamente se encuentra supeditada a un contexto, es pensar
parcialmente. Todos somos responsables. Porque:
(…)
el desconocimiento de las leyes, la falta de confianza en las instituciones, la
pasividad ante las formas ordinarias que utiliza el estado para promover la
justicia, el tema de la piratería, el soborno a funcionarios públicos, el abuso
de autoridad, el desvío de recursos públicos para programas sociales, la
reducción de la calidad en los productos ofrecidos, la falta de confianza
en la clase política y la búsqueda intereses personales, de grupo o de partido,
los problemas en la impartición de justicia, la deshonestidad, los pagos para
la autorización de apertura de un negocio, el dinero que las empresas e
individuos destinan a pagos de sobornos parecen ya una práctica habitual y
ordinaria de muchos, nepotismo, tráfico de influencias y conflictos de intereses
nos han traído enormes costos económicos y sociales (Balderas, 2016: p. 2).
En ese sentido, la
corrupción es el olvido de los valores de la ética cívica que ha dado origen a
la brecha existente entre el orden jurídico y el
orden social vigente. El individualismo
que privilegia los bienes externos - fama, prestigio, poder y riqueza -por
encima de los internos – ideales, convicciones, valores, principios –, es uno
de los principales causantes de la situación que hoy experimentamos. Adela
Cortina lo dice de la siguiente forma:
La corrupción de
las distintas actividades e instituciones se produce cuando aquellos que
participan en ellas dejan de buscar los bienes que les son internos y por los
que cobran su sentido, y las realizan exclusivamente por los bienes externos
que por medio de ellas pueden conseguirse: las ventajas económicas, las
ventajas sociales, el poder. Con lo cual esa actividad y quienes en ella
cooperan acaban perdiendo su legitimidad social y, con ella, toda credibilidad”
(1994: p. 107).
En nuestro caso,
el Gobierno Mexicano ha firmado muchos convenios en cuanto al combate a la
corrupción se refiere y con los que se ha comprometido en el ámbito
internacional en materia de anticorrupción. La legalidad es un valor
fundamental de la democracia porque garantiza a los ciudadanos el ejercicio de
sus derechos y el cumplimiento de sus obligaciones; es el apego a las leyes
para que los individuos las acepten y las tomen como suyas y sirve como
criterio de orientación para su actuar cotidiano en un marco de respeto a la
dignidad, la libertad y la igualdad.
En nuestro país se
ha incluido en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en el
artículo 113, reformas al tema anticorrupción, dejando en claro el papel que
deben de jugar los servidores públicos y el objeto y sentido del Sistema
Nacional Anticorrupción, todo esto a partir de julio de 2016.
Como ya se había
comentado, México se encuentra en el lugar 126 de 180 países en el Índice de Transparencia
Internacional (2023), donde no solo se requiere un marco
legal para sancionar exclusivamente a los servidores públicos que se apropien
de lo que no les pertenece; sino también un servicio civil de carrera, una
cultura de la legalidad a toda prueba, particularmente en la burocracia y una
educación sólida en cuanto a la anticorrupción, para poder hacer más corta la
distancia entre el orden social vigente y el aparato jurídico.
La desconfianza
generalizada
Teniendo en cuenta
el punto anterior, por el divorcio entre lo que se dice y lo que se hace y los
enormes vacíos que existen en relación con la cultura de la legalidad, ha
aparecido la desconfianza complicando aún más las relaciones entre las personas
y las instituciones; poniendo en riesgo y debilitando la cultura democrática.
Si no hay confianza, hay incertidumbre; de forma contraria, si hay confianza se
posibilita la unidad y la cooperación. Los altos niveles de corrupción e
impunidad que hemos vivido en los últimos años en nuestro país han complicado la confianza y eso se ve claramente en la
participación de los ciudadanos que año con año va a la baja.
En la
Estrategia Nacional de Cultura Cívica (ENCUCI, 2021), elaborado por el
Instituto Nacional Electoral, se afirma que sólo el 30% de los mexicanos tiene
confianza en otros ciudadanos, que el 63.8% tiene confianza en las Fuerzas
Armadas seguidos de la Guardia Nacional con 60.5% y el Instituto Nacional
Electoral (INE) con un 59.6%.
En cuanto a
confianza en el gobierno, en esta misma encuesta se determinó que el 52.7% de
la población se siente satisfecho con la forma de gobierno que tenemos en
nuestro país, mientras que 46.8% se mostró poco satisfecho. En el plano de la
confianza interpersonal el 62.1% de la población considera que se puede confiar
en las personas. De manera general el 25.9% de la población tiene confianza en
las universidades, el 16% en los sacerdotes, el 13.8% en los servidores
públicos, el 11.2% en los medios de comunicación, el 10.3 % en sus vecinos, el
8.8% en las organizaciones sociales, el 7.7% en los empresarios, el 3.5% en los
sindicatos y como siempre desde hace tiempo, en quien menos se confía es en los
partidos políticos con un 2.5%.
Lo anterior,
de forma semejante, se repite en otras tantas encuestas que se realizan a lo
largo y a lo ancho del territorio nacional. Sin lugar a duda, una democracia se
da a partir del dialogo y la confianza que generan los diferentes actores
sociales y las instituciones. La integridad se trasluce en el ámbito de lo
privado y lo público a través de la transparencia y la rendición de cuentas.
Los bienes internos y los bienes externos
En la sociedad en
la que vivimos, todos, dependiendo de nuestra sensibilidad, motivación y por
supuesto gusto, realizamos alguna actividad. Les denominamos profesiones u
oficios. Por tanto, estas tareas que realizamos poseen bienes internos y bienes
externos. Los bienes internos tienen como fundamentos los ideales, las
convicciones, los principios y los valores; estos proporcionan en la persona
sentido de vida y legitimidad social. Toda profesión u oficio tiene bienes
internos.
Luego están los
bienes externos. Si se desempeña un oficio o una profesión y la persona lo hace
de forma excelente-virtuosa, vendrán inevitablemente la fama y el prestigio.
Con ello el poder y quien así lo quiera, la riqueza. Esos son los bienes
externos y en el entendido de que siempre queremos vivir mejor y el factor
económico y social juega un papel preponderante en la vida de cualquier ser
humano, éstos comienzan a tener más importancia que los anteriores. En
síntesis, no se puede tener la mirada y la mente puesta solamente en la
acumulación de bienes económicos, hay una comunidad que requiere de nuestra
colaboración y esto se determina a través del despliegue de lo más noble que
posee el ser humano.
Como ya se ha
visto, la corrupción ha desgastado los ambientes y ha traído consigo el
relajamiento de los valores morales, la perdida de vista de principios y el
efecto más contundente fue el deterioro de la cultura de legalidad. Las
consecuencias han sido, la aparición de una sociedad fragmentada, en el caso de
nuestro país; porque la cultura de legalidad tiene que ver con el respeto a los
acuerdos establecidos, particularmente el Estado de Derecho, el cultivo de las
virtudes públicas y la práctica de la integridad, de la congruencia, la
coherencia y la honestidad.
En ese
sentido, la cultura de la legalidad es un valor fundamental de la democracia
pues garantiza a los ciudadanos el ejercicio de sus derechos y el cumplimiento
de sus obligaciones, el apego a las leyes para que los individuos las hagan
suyas y hagan posible el equilibrio social y finalmente, sirve como criterios
de orientación para el actuar cotidiano en un marco de respeto a la dignidad,
la libertad y la igualdad.
El cumplimiento y
la aplicación de la ley garantizan la convivencia social. El incumplimiento y
la evasión generan desorden y caos en cualquier sociedad. La ley sirve como
criterios que orientan el actuar cotidiano de los ciudadanos y fomenta el
respeto a la dignidad humana, a la libertad y a la igualdad; y lo más
importante, es el garante del equilibrio social. El problema no es la
acumulación de bienes, sino la codicia desmedida y la búsqueda desbocada de
bienes externos, donde inevitablemente aparecerá la corrupción.
Lo que le da
sentido a una sociedad y asegura su equilibrio y armonía es la justicia; en
concreto, la producción de bienes internos y no la obtención de bienes
externos. Sin lugar a duda, como afirma Emilio Martínez (2010), un profesional excelente
es aquel que combina una magnífica preparación técnica con una conciencia ética.
En esta realidad en la que vivimos que ha privilegiado la apropiación de
bienes externos en manos de unos cuantos, se ha puesto en riesgo la
supervivencia de muchos seres humanos en el planeta, complicando la paz, la
justicia y la solidaridad; donde aplica perfectamente el pensamiento de Charles Dickens (2005) que en su libro Grandes Esperanzas afirma que en el pequeño mundo en el
cual los niños viven su existencia, no hay nada que se perciba y se sienta con
tanta agudeza como la injusticia.
Los
Objetivos del Desarrollo Sostenible
Los Objetivos del Desarrollo Sostenible (ODS
en lo sucesivo) son un proyecto liderado por la Organización de las Naciones
Unidas y cuya responsabilidad está en manos del Programa de las Naciones Unidas
para el Desarrollo (PNUD) del que son parte 193 países en el mundo. Surgen en la Conferencia de las
Naciones Unidas sobre el Desarrollo Sostenible, celebrada en Río de
Janeiro en 2012, donde los Estados adheridos a la ONU adoptan como un llamado
para combatir y poner fin a la pobreza, proteger el planeta y garantizar la paz
en el futuro inmediato.
Estos objetivos conforman un proyecto de 15
años que comenzó en 2015 y que se le ha llamado Agenda 2030. No es la primera
vez que se propone un proyecto de tal envergadura, pues éste tiene su
antecedente en los Objetivos del Desarrollo del Milenio que tuvieron vigencia
hasta el 2015 con resultados satisfactorios. Entre los logros más destacables
se encuentran la disminución de la pobreza extrema, la reducción de la
mortalidad infantil y el aumento en los niveles de escolarización.
Las grandes
avenidas que hoy presenta la realidad que viven muchos seres humanos en el
mundo requieren de consensos para buscar salidas conjuntas que
aseguren un mejor futuro para las generaciones que vienen. Estas áreas de oportunidad conformaron los
17 ODS, en los que se abordan temas tan diversos y de urgente atención como la hambruna,
las guerras, la pobreza, las migraciones, problemas de salud, la igualdad de
género, la disponibilidad de agua, energías limpias, crecimiento económico,
empleo, las desigualdades, asentamientos inclusivos, modalidades de consumo,
medidas para combatir el cambio climático, conservación de océanos y
ecosistemas terrestres, la promoción de sociedades pacíficas e inclusivas, el
acceso a la justicia, la creación de instituciones
eficaces, responsables e inclusivas a todos los niveles y revitalizar la
alianza mundial para el desarrollo sostenible, entre otros.
Es precisamente en este punto donde el tema de la
integridad adquiere una particular relevancia y dota de sentido a las
aspiraciones más nobles que el individuo puede poseer de manera particular: la
búsqueda una sociedad más justa, pacífica e inclusiva, lo cual es el propósito
fundamental del ODS 16 de los Objetivos del Desarrollo Sostenible propuesto por
la Organización de las Naciones Unidas (ONU).
Aunque la deshumanización tiene causas
multifactoriales, el eje matricial sigue siendo el mismo; la ambición, el
autoritarismo y el poder desmedido. Se trataba de construir un mundo mejor,
promoviendo los conceptos de dignidad humana, responsabilidad, sentido de vida,
trascendencia, igualdad y libertad. Pero resultó para muchos más reconfortante,
el acumulamiento de riquezas. La pobreza y la violencia hicieron un maridaje
perfecto abonando la deshumanización. Si humanizar tiene que ver con la
dignificación de la persona, deshumanizar tiene que ver con la intención de
instrumentalizar a la misma.
Las guerras, el intervencionismo, el
autoritarismo, las grandes hambrunas provocadas, las enfermedades inducidas, la
discriminación en todas sus formas, el terrorismo, el imperialismo, los
bajísimos salarios, el cierre de puertas a migrantes y las grandes pandemias
siguen marcando grandes diferencias que se manifiestan a través de la
desigualdad, la pobreza y la exclusión.
Se suponía que en la
medida en que el tiempo avanzara, el ser humano y las sociedades
evolucionarían, pero tristemente no ha sido así. Garantizar sociedades justas, pacíficas, solidarias e incluyentes es por
estos días una urgencia. La necesidad de generar sinergia entre las
organizaciones, universidades, gobierno y sociedad en México y en el mundo no
puede esperar más.
Tratar al hombre como fin y no como medio
(Kant, 1999), garantizará en el futuro inmediato, el respeto a su autonomía, a
su dignidad y a la consolidación de los Objetivos del Desarrollo Sostenible;
donde la paz que se construye con justicia será fundamental para lograr la
igualdad de todos los seres humanos sin distinción, teniendo como punto de
partida la erradicación de la pobreza y el cuidado del planeta asegurando el
desarrollo sostenible a través de los 17 ODS. El protagonismo deberá estar a
cargo de los gobiernos, el sector privado y los ciudadanos en general. Seis
años después de la declaración oficial del arranque que se dio en 2016, el
conocimiento y la operación de estos en la sociedad mundial camina lentamente.
ODS 16: Paz,
justicia e instituciones sólidas
De
entre los 17 ODS el número 16, “Paz, justicia e instituciones sólidas”, es de
particular relevancia, puesto que supone la creación y afianzamiento de
instituciones íntegras en las que no estén divorciados lo que se dice y lo que
se hace, como se comentó anteriormente.
Así
como decimos que las sociedades violentas son originadas por ciudadanos que
perviven en la violencia o bien, que si se da la corrupción a grande escala no
es porque la sociedad se haya corrompido, sino porque hay ciudadanos que han
perdido de vista los bienes internos dándole prioridad a los bienes externos,
de esta misma forma podríamos decir que las instituciones también son un
reflejo de los valores y el sentido de justicia que poseen las personas que las
conforman.
Si en los países con más alto índice de
Producto Interno Bruto (PIB, por sus siglas en español) las instituciones, en
materia económica, son la base de la bonanza de un pueblo; en el caso de los
países con menor índice de PIB pasará lo contrario: se determinará el fracaso
de sus políticas económicas que redundarán en la falta de realización de las
mayorías.
Sin embargo, cuando tales instituciones y
quienes las dirigen no tienen en claro el concepto de justicia en la
interrelación cotidiana, particularmente en asuntos de remuneración, el impacto
de la injusticia crece. Al respecto,
John Rawls (1997) dice que el objeto fundamental de la justicia es la
estructura básica de la sociedad y hace responsable a las grandes instituciones
de las ventajas o desventajas provenientes de la cooperación social:
La idea principal es
que cuando las instituciones más importantes de la sociedad están dispuestas de
tal modo que obtienen el mayor equilibrio neto de satisfacción distribuido
entre todos los individuos pertenecientes a ella, entonces la sociedad esta
correctamente ordenada y es por tanto justa (Rawls, 1997: p. 34).
Es decir, las instituciones aparecen como el
soporte básico que permite la coacción social, la libertad de conciencia, y la
igualdad de oportunidades en los ciudadanos. Para Rawls una sociedad justa es
donde la justicia busca salvaguardar a la persona.
En este momento en el mundo hay más de 63
guerras activas, con cerca de 82.4 millones de personas desplazadas y donde de
26.4 millones han obtenido la figura del refugio (ACNUR, 2020). En cuanto a la
pobreza, según el Banco Mundial, finalizando el 2021 habrá 150 millones de
personas en pobreza extrema en el planeta. El Instituto de Estadísticas de la UNESCO
(2022), afirma que 773 millones de personas en el mundo no saben leer ni
escribir. Con respecto a la pandemia, que es en últimos tiempos lo que nos
aqueja, en datos del Center for Systems
Science and Engineering de
la Universidad Johns Hopkins, a finales de julio de este año (2023) en el mundo
teníamos más de 6 millones 881mil, 955 defunciones por COVID 19. En todos los
temas que se han mencionado, las organizaciones juegan un papel toral, de ahí
la importancia de contar con instituciones íntegras.
Al pensar en el vínculo existente entre la
integridad y los ODS emerge de nuevo el problema de la corrupción, el cual se
erige como el mayor obstáculo en la consecución de la Agenda Global de
Desarrollo Sostenible. Si bien alcanzar cada una de las metas estipuladas en
los 17 ODS es un asunto de corresponsabilidad, donde también es importante la
participación de la iniciativa privada y de la sociedad civil, son las
instituciones públicas quienes tienen una participación central y articuladora.
En la Estrategia Nacional de Cultura Cívica
(ENCUCCI, 2022), cuando se habla de la confianza que tiene la sociedad mexicana
en sus instituciones, en quien más se confía es en las Fuerzas Armadas con un
63.8%, el 60.5% en la Guardia Nacional, el 59% en el Instituto Nacional
Electoral, el 25.9% en las universidades, el 16% en las iglesias, el 13.8% en
los servidores públicos, el 11.2% en los Medios de Comunicación Social, el 8.8%
en las Organizaciones de la Sociedad Civil, el 7.7% en los empresarios y finalmente
el 2.5% en los Medios de Comunicación Social.
Es por esta razón que resulta de suma
importancia hablar de la integridad de estas instituciones como una condición
para su correcto y eficiente funcionamiento. En el ámbito institucional, la
integridad puede entenderse como un conducirse con honestidad y rectitud,
siempre posibilitando la capacidad de rendir cuentas (Gómez, 2014).
Considerando esto, el problema de la corrupción es el problema de impedir
conducirse de esta manera.
La finalidad de los ODS, en términos generales,
es mejorar la realidad en la que vivimos; “estos objetivos constituyen una
oportunidad para cambiar de rumbo el desarrollo humano en nivel mundial”
(Gilli, 2017, p.44). No obstante, los esfuerzos por alcanzarlos se ven
bloqueados por la corrupción que corroe a las instituciones. Este obstáculo
está contemplado precisamente en el ODS 16 mencionado anteriormente en una de
las metas que lo componen donde se propone:
(…) reducir sustancialmente
la corrupción y el soborno en todas sus formas, crear instituciones eficaces,
responsables y transparentes en todos los niveles y garantizar el acceso
público a la información y proteger las libertades fundamentales, de
conformidad con las leyes nacionales y los acuerdos internacionales (ONU, 2023:
p. 44).
Así pues, de entre las diversas limitaciones
que tendría un proyecto tan ambicioso y amplio como lo son los ODS; la
corrupción, la simulación y la falta de mecanismos de rendición de cuentas son
el problema central que obstaculiza lograr las metas de esta agenda.
¿Cómo se puede solucionar un problema tan
arraigado culturalmente y tan complejo por su carácter multifactorial? Es
sencillo responder a esta interrogante señalando que la solución se encuentra
en la construcción de instituciones íntegras, sin embargo, el cuestionamiento
se traslada ahora a la pregunta ¿cómo construimos éstas o cómo reparamos las
existentes?
A manera de conclusión
Tomando en cuenta lo anteriormente dicho,
resulta claro que el ODS 16 es prioritario, ya que sin la implementación de
estrategias anticorrupción que fortalezcan la integridad de las instituciones
no será posible avanzar en la carrera por el desarrollo sostenible ni alcanzar
los demás ODS que quedarían como una simple lista de buenos deseos. El ODS 16
es el ODS de la integridad. Cabe señalar que el supuesto fundamental que se
está asumiendo aquí es que la eficiencia y el correcto funcionamiento de una
institución se deben a su integridad; sin ésta no serían posibles.
La necesidad de
contar con instituciones transparentes con información accesible, de manera que
haya un matrimonio entre lo que dice y lo que se hace.
Normalmente se habla de la integridad como
una virtud de las personas o como una forma de calificar su comportamiento.
Así, Gómez señala:
(…) que el
término integridad proviene del latín integer que
significa totalidad, entereza o unidad intacta. Igualmente, integritas,
-is es sinónimo de totalidad, robustez, salud y buen
estado físico, también honestidad y rectitud. Asimismo, de este vocablo deriva
el adjetivo integer (intacto, entero, no alcanzado
por un mal (2014: p. 124).
Por otra parte, Pellegrino (1993) destaca que
una persona íntegra es una persona virtuosa, cuyo comportamiento es predecible
en el sentido de que se espera un juicio prudente y una forma de actuar
correcta y orientada por lo que considera es el bien.
Con estas definiciones y precisiones
terminológicas en mente, no resulta complicado extender el concepto de
integridad más allá del comportamiento de los individuos hasta llegar a incluir
a las instituciones y, con ello, construir una caracterización de lo que sería
una “institución íntegra”; pues a fin de cuentas éstas son básicamente acuerdos
entre individuos para regular su propio comportamiento (Abbagnano, 1995).
Entonces, ¿qué es una institución íntegra? De
acuerdo con las definiciones recuperadas aquí de integridad y con el concepto
de bien interno, una institución íntegra es aquella que se dirige con
honestidad y rectitud; que ha recuperado la confianza pública y de la cual se
espera que sus acciones sean prudentes y estén orientadas por bienes internos;
que tiene entereza, está intacta, que no ha sido alcanzada por un mal y no se
orienta por bienes externos.
Algunas de las mismas metas establecidas en
el ODS 16 (ONU, 2015) pueden interpretarse como una caracterización de lo que
es una institución íntegra. De esta manera, una institución que posea la virtud
de la integridad será aquella que promueva el estado de derecho, garantice la
igualdad de acceso a la justicia, evite la corrupción y los sobornos en todas
sus formas, proteja las libertades fundamentales de acuerdo con la ley, sea
transparente, rinda cuentas y garantice el acceso público a la información. De
esta caracterización es posible extraer los derroteros mediante los que se
conseguiría la integridad institucional y se evitarían las malas prácticas como
la corrupción, el soborno y la simulación.
Principalmente se identifican dos estrategias
para esto: la transparencia y el acceso público a la información. Diversos
referentes (Gilli, 2017; Schauer, 2014; Uvalle, 2008)
apuestan precisamente por estas estrategias considerándolas elementos centrales
para combatir la corrupción en las instituciones, por lo que se les podría
llamar “estrategias de integridad”.
La posibilidad de la transparencia y del
acceso público a la información implica un tipo de sociedad en la que la
participación ciudadana es una realidad y en la que en los asuntos públicos la
ciudadanía tiene un rol activo (Uvalle, 2008). Así pues, es una tarea ciudadana
monitorear de manera constante el comportamiento de las instituciones y así
evitar que tengan lugar aquellas prácticas en las que los bienes internos sean
sustituidos por los externos.
De acuerdo con Gilli (2017), la transparencia
es la cualidad de no ocultar nada y, en este sentido, una institución
transparente es aquella que cuenta con políticas y acciones que hacen
disponible información referente a diversas materias como el funcionamiento de sus
procedimientos internos, el uso de sus recursos financieros y humanos, la
calidad de los bienes o servicios que ofrece y el desempeño de sus
funcionarios, entre otras.
Sin embargo, la transparencia, como mecanismo
de disponibilidad de información, no es suficiente para procurar la integridad
y evitar la corrupción; se requiere también que la información sea accesible. Shauer (2014) discute este problema señalando que hay
grados de transparencia y afirma que no es lo mismo que la información esté
simplemente disponible a que sea fácilmente utilizable. La posibilidad de que
la información se convierta en conocimiento reside en que sea accesible y no
sólo en que esté disponible.
La transparencia y el acceso libre y público
a la información vienen a derrocar la cultura del secreto, la desinformación y
el verticalismo (Uvalle, 2008). Éstas dotan de voz a la ciudadanía para exigir
cuentas sobre los motivos de las decisiones políticas y responsabilidad por
parte de los funcionarios, lo cual, en última instancia, se constituye en la
cura más efectiva para la corrupción. De nuevo, se trata de un asunto de
corresponsabilidad.
Retomando el problema planteado en el
apartado anterior de este texto, estas estrategias de integridad permiten
combatir la corrupción y son indispensables para alcanzar los ODS. Si la
corrupción es el mayor obstáculo para el desarrollo sostenible y la clave se
encuentra en la integridad, como se infiere del ODS 16, entonces estas
estrategias permitirían construir instituciones sólidas y congruentes que de
manera auténtica emprendan acciones enfocadas en la consecución de los ODS.
Con instituciones transparentes e información
accesible hay una reconciliación entre lo que se hace y lo que se dice; se
recuperan los bienes internos en el centro, mientras que los externos se
colocan en la periferia y, de este modo, la corrupción ya no transforma a los
ODS en una simple lista de buenos deseos. En síntesis, la integridad es la
virtud central de las instituciones y el fundamento del desarrollo sostenible.
De ahí lo importante de la cultura de la
denuncia, la creación de comités disciplinarios en los centros de formación y
universidades que aseguren la integridad y el respeto al estado de derecho; la
interiorización de la ética en el servicio público y privado y sobre todo el
consenso en las instituciones de la formación de un proyecto ético personal y
compromiso ciudadano.
En el plano personal y de formación promover
perfiles y programas académicos donde predomine el bien interno (ideales,
convicciones, principios y valores), donde los individuos sean formados como
mínimo con una conciencia convencional – donde el respeto a las leyes y la
normativa legal acordada sea lo importante – y por supuesto, campañas intensas
en lo privado y en lo público de la importancia de la integridad.
Finalmente, habrá que voltear la mirada hacia
países como Dinamarca, Finlandia, Noruega – en la zona nórdica – y el caso de
los alemanes que de tiempo a acá han implementado programas escolares,
laborales, institucionales y nacionales donde el factor de cambio lo marca la
integridad con la que se conducen los seres humanos en todas las dimensiones:
lo social, lo económico, lo político, lo electoral, lo sostenible, en fin, por
todas partes donde los seres humanos nos movemos.
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[1] Doctor
en Estudios Humanísticos por el Tecnológico de Monterrey. Profesor-Investigador
en el departamento de Estudios Humanísticos, Campus Monterrey en la Escuela de
Humanidades y Educación del Tecnológico de Monterrey. Línea de Investigación:
Democracia y Ciudadanía / Sostenibilidad y Antropoceno, fjesusb@tec.mx, ORCID:
0009-0008-2851-1132